Nueva York aprobó una regla de reporte de gases de efecto invernadero que no se limita a las empresas que operan dentro de sus fronteras. Según la norma, cualquier proveedor de combustible cuyo producto pueda —después de ser mezclado o vendido por terceros— terminar en el estado queda obligado a registrarse ante las autoridades neoyorquinas y cumplir con sus exigencias civiles y penales.
El problema: eso incluye a productores de etanol y biodiésel en Iowa y Missouri, estados que juntos lideran la producción nacional de esos combustibles. Sus economías energéticas sostienen a millones de agricultores, trabajadores y familias. La regulación les impondría costos de cumplimiento, obligaciones de reporte, inspecciones, multas civiles y responsabilidad penal, aunque su vínculo con Nueva York sea, según los propios demandantes, «extremadamente remoto o hipotético».
Los fiscales generales de ambos estados presentaron una demanda para detener la norma. El argumento es constitucional y directo: una cosa es que Nueva York regule su propio territorio —eso nadie lo discute—, y otra muy distinta es que un estado imponga su programa regulatorio a ciudadanos, agricultores y empresas de otros estados que no eligieron a sus legisladores ni pueden votar para removerlos.
Los demandantes advierten que si este precedente se consolida, el caos regulatorio se vuelve inevitable. Iowa podría entonces regular cómo operan las instituciones financieras en Nueva York alegando efectos corriente abajo. Missouri podría exigir cumplimiento a empresas tecnológicas de California por razones similares. El federalismo dejaría de ser un sistema de equilibrios y se convertiría en una guerra de regulaciones cruzadas.
No es un escenario hipotético: California y Massachusetts ya regulan cómo operan granjeros porcinos en todo el país. California tiene además una ley de divulgación de emisiones que afecta a grandes empresas que hacen negocios allí, sin importar dónde estén radicadas.
Que no te lo cuenten. Lo que Nueva York llama política ambiental es, en los hechos, extraterritorialidad regulatoria: la pretensión de que un estado puede gobernar a ciudadanos que no le deben obediencia política ni representación. El costo lo pagan los productores, los trabajadores del campo y, al final, los consumidores que verán encarecerse el combustible.
El principio en juego es elemental: la libre empresa no puede sobrevivir si cada estado puede convertirse en regulador de toda la nación. Iowa y Missouri no están pidiendo un privilegio; están defendiendo el derecho de sus ciudadanos a ser gobernados por quienes ellos mismos eligieron. Eso se llama federalismo. Y vale la pena defenderlo.
