El juez jefe del estado de Nueva York, Rowan Wilson, acaba de nombrar a la actriz Cynthia Nixon como miembro de la Comisión de Nominación Judicial. Esa comisión decide qué candidatos pueden llegar al Tribunal de Apelaciones, el máximo del estado. El gobernador solo puede elegir entre los nombres que ella y sus colegas aprueben.
Nixon no es abogada. Nunca lo fue. Interpretó una en televisión. Pero en 2018 se postuló a gobernadora con una plataforma de extrema izquierda, y eso, según Wilson, es mérito suficiente.
Que no te lo cuenten: esto no es un nombramiento técnico. Es una palanca política disfrazada de proceso institucional.
El propio Wilson llegó a la cima del sistema judicial por una operación similar. La legislatura de Albany rechazó a Hector LaSalle, el candidato de la gobernadora Kathy Hochul. LaSalle era un jurista de trayectoria sólida. Lo bloquearon porque no garantizó que torcería la ley para servir la agenda progresista sin necesidad de aprobarla en votos. Wilson sí daba esas garantías. Wilson llegó.
Desde entonces, el tribunal superior ya avaló el redibujo de distritos electorales que favorece al partido dominante. La burocracia judicial se cierra sobre sí misma. Cada pieza del engranaje refuerza a la siguiente.
Wilson también acumuló quejas éticas por hacer campaña activa en favor de legislación específica. Y reprendió públicamente a jueces por usar lenguaje duro contra criminales violentos. Eso no es neutralidad. Es militancia con toga.
Ahora suma a Nixon al mecanismo. Una actriz que no conoce la Constitución del estado. Que no sabe qué hace a un buen juez. Pero que tiene credenciales en los círculos correctos.
La doble vara es perfecta: el mismo sistema que exige «independencia judicial» frente a cualquier crítica conservadora instala a una activista sin formación jurídica para filtrar quién accede al máximo tribunal.
Contrafuego lo dice claro: esto no es un problema de preferencias ideológicas. Es un problema de estado de derecho. Cuando el acceso a la magistratura depende de la lealtad política y no del conocimiento del derecho, los ciudadanos pierden su última garantía frente al poder. No hay urna que corrija un tribunal capturado. No hay recurso que prospere ante jueces seleccionados para no concederlo. Nueva York lleva años construyendo ese sistema. Con Wilson y Nixon, acaba de colocar otro ladrillo.
