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Nueva York prohíbe el foie gras: activistas mandan, productores pagan

La ley firmada por de Blasio en 2019 entra en vigor y amenaza a los últimos productores del país. El Estado de Nueva York debería frenarla antes de que destruya empleos reales.
Imagen generada con IA
jueves 10 de septiembre de 2026

Nueva York tiene una nueva víctima. No es un criminal. Es un pato.

En febrero de 2019, el entonces alcalde de Blasio firmó la prohibición de vender foie gras en la ciudad. Años de litigios la mantuvieron suspendida. Ahora entra en vigor. Y dos productores —La Belle Farm y Hudson Valley Foie Gras— ven cómo su principal mercado desaparece por decreto.

Hudson Valley Foie Gras es uno de los últimos productores del país. Opera en los condados de Hudson Valley y Sullivan. Emplea a cientos de trabajadores, muchos de ellos inmigrantes. Argumenta que sus métodos son más humanos que los de la industria fabril convencional. También sostiene que la ley agrícola estatal debería prevalecer sobre las ordenanzas municipales de Nueva York.

Ese es el punto legal central. La ciudad no tiene jurisdicción sobre granjas que operan a cientos de millas de sus límites. Cortarles el mercado es, en la práctica, dictar política agrícola estatal desde el Ayuntamiento. El tribunal más alto del estado tiene pendiente un recurso final. Debería tomarlo.

La justificación oficial es el bienestar animal. Pero el argumento se cae solo. Según la fuente, el negocio del foie gras sostiene poblaciones de patos y gansos mucho mayores de las que serían económicamente viables sin él. Prohibirlo no salva aves. Las elimina del mercado.

Además, si la lógica es que alimentar a un animal para consumo humano es crueldad, entonces toda la cadena cárnica está en el banquillo. Los activistas lo saben. Por eso muchos son veganos. Lo que no tienen derecho es a imponer esa ética al resto mediante ordenanzas municipales.

Que no te lo cuenten. Esto no es política de salud pública. No es seguridad alimentaria. Es la agenda de una minoría ruidosa convertida en ley por políticos que necesitan aplausos baratos. Los que pagan el precio son los trabajadores de Sullivan County, no los concejales de Manhattan.

Desde Contrafuego lo vemos claro: cuando el aparato estatal prohíbe un producto legal, destruye empleos reales y arrasa con la libre empresa, siempre hay un relato de fondo que lo disfraza de virtud. Aquí el relato es el bienestar animal. El resultado es otro mercado cerrado, otra granja asfixiada y otra burocracia que crece a costa del sector productivo. El tribunal de Nueva York tiene la última palabra. Ojalá la use bien.

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