Era un domingo de junio de 2017. Gary Paul estaba en el baño de su estudio en el Upper West Side de Manhattan cuando, según él, vio tierra marrón deslizarse por los espejos del baño y escuchó agua correr dentro de las paredes.
Lo que siguió fue un diluvio. Paul alega que la cooperativa del edificio en 108 W. 87th St. tardó más de 18 horas en responder tras ser notificada, porque era domingo y la administración decidió esperar al día siguiente. Según Paul, miles de galones inundaron su apartamento, el pasillo con un centímetro de agua y hasta el sótano.
Frustrado, Paul —consultor de diseño con posgrado en Harvard— dejó de pagar su cuota de mantenimiento de 581 dólares mensuales y presentó una demanda por 650.000 dólares en daños contra la cooperativa, la administración del edificio y sus vecinos del piso de arriba. La demanda fue posteriormente enmendada y elevada a 750.000 dólares.
Entre los daños alegados: papel tapiz Morris & Co. impreso a mano en el vestíbulo, cuyo reemplazo en 2017 costaba 13.000 dólares, y una jarra de clarete diseñada por Christopher Dresser en el siglo XIX, valorada en 2.340 dólares según cifras de ese año. El abogado de Paul, Ian Brandt, afirmó ante The Post que el caso vale hoy más de un millón de dólares contando honorarios legales, valor de alquiler perdido y daños a la propiedad personal.
La cooperativa tiene una versión radicalmente distinta. Su presidente, Michael Laba, asegura que la administración respondió de manera apropiada, pero que Paul se negó a dejar entrar a nadie para secar el apartamento, alegando alergia severa al polvo. Laba afirmó además que Paul arrancó su propia estufa, bañera y paneles de drywall para reclamar que el apartamento estaba destruido, y que lleva casi dos décadas con un rencor acumulado desde que fue votado fuera de la junta directiva de la cooperativa. «Lleva 18 años buscando razones para demandarnos», dijo Laba a The Post.
Brandt rechazó esa lectura: «No es una vendetta. Es alguien que está enojado porque perdió su hogar y desde 2017 no pudo vivir en él».
La ironía no es menor: Paul fue presidente de esa misma cooperativa durante casi 20 años y enfrentó en 2005 una demanda por un problema de moho casi idéntico, donde la parte contraria alegó que el demandante impedía el acceso para completar los trabajos. El patrón resulta llamativo.
La cooperativa contrademandó a Paul por cuotas impagas y, según la fuente, llegó a un acuerdo para comprarle el apartamento —que él había adquirido a finales de los años 80 por 100.000 dólares— por aproximadamente 400.000 dólares en 2025. Sin embargo, el litigio principal continúa en curso.
El caso lleva nueve años sin resolverse. Lo que empezó como una reparación estimada entre 50.000 y 80.000 dólares, según Brandt, escala hoy a entre 700.000 y 800.000 dólares en daños alegados.
Aquí el principio que está en juego no es solo uno: es la capacidad del aparato judicial de convertir cualquier disputa civil en una guerra de desgaste donde gana el que más aguanta, no el que tiene razón. Nueve años de litigio, honorarios legales acumulados y un apartamento de 400 pies cuadrados que ya no le pertenece a nadie de los que empezaron la pelea. El contribuyente no paga esta factura directamente, pero el sistema que la produce es el mismo que encarece cada transacción inmobiliaria, ahuyenta la inversión y premia la burocracia judicial sobre la resolución rápida. Que no te lo cuenten.
