La Oficina de Responsabilidad del Gobierno, un organismo federal no partidista, encontró que Obamacare subsidia abortos. El dato golpea de frente uno de los argumentos más repetidos por los demócratas durante años.
Según el informe, casi una cuarta parte de los planes de la Ley de Cuidado de Salud Asequible cubre abortos. De los 6.655 planes de salud calificados ofrecidos en los intercambios de Obamacare, 1.719 cubren «non-excepted abortion services», es decir, abortos electivos que no son resultado de violación, incesto o peligro para la vida de la madre. En los estados que han prohibido el aborto, los planes de intercambio no pueden cubrir esos servicios.
El reporte también encontró que alrededor de 4.4 millones de estadounidenses están inscritos en planes de Obamacare que cubren abortos. Esa cifra coloca el debate donde siempre debió estar: en el uso del dinero de los contribuyentes y en la transparencia hacia el afiliado.
John Thune dijo que los resultados de la GAO le parecen «profundamente preocupantes». También afirmó que el dinero de los contribuyentes estadounidenses no debería usarse para subsidiar abortos electivos en violación de la enmienda Hyde. Chris Smith, por su parte, sostuvo que el informe confirma las preocupaciones que los republicanos han planteado durante más de quince años. Smith agregó que la ACA no aplica la enmienda Hyde de manera uniforme y que eso protege menos el dinero público de lo que prometió el relato demócrata.
El informe señala además que algunas aseguradoras no cumplieron con la disposición de transparencia al consumidor, que exige divulgar de forma prominente la cobertura de aborto. Smith pidió a Trump que vuelva a emitir la regla final de integridad del programa de intercambio, para que los consumidores sepan si un plan subsidia abortos electivos.
Que no te lo cuenten. Aquí no hay un debate abstracto, sino dinero de los contribuyentes dirigido a coberturas que millones de personas probablemente no conocen con claridad. Otra vez la doble vara: se habla de «salud» mientras el aparato estatal termina metido en una de las decisiones más sensibles de la vida humana.
El principio en juego es simple. Si un plan recibe subsidios federales, el público merece transparencia total. Y si la ley Hyde existe para proteger el dinero público de financiar abortos, entonces el gobierno debe aplicarla sin atajos ni trucos burocráticos. El relato se cayó solo.
