Dicen «deportación masiva» en los mítines. Firman amnistía en el Capitolio. Y luego piden dos años más.
Eso es exactamente lo que documenta Homeland PAC, un Super PAC federal creado con el objetivo declarado de responsabilizar a los legisladores que apoyan la legalización de trabajadores ilegales. Su análisis del 118.º y el 119.º Congreso revela un patrón: un bloque de republicanos habla duro en la frontera y, en silencio, copatrocina proyectos que convierten trabajadores ilegales en trabajadores legales.
Tres proyectos articulan ese patrón en el Congreso actual. El primero es la Farm Workforce Modernization Act (H.R. 3227), que crea un estatus de «trabajador agrícola certificado» para jornaleros ilegales y abre una vía pagada hacia la tarjeta de residencia permanente. Solo cuatro republicanos firmaron específicamente este proyecto —el único de los tres que llega hasta el green card—: David Valadao, Mike Simpson, María Elvira Salazar y Dan Newhouse.
El segundo es la Dignity Act (H.R. 4393), autoría de la propia Salazar. Su programa central ofrece estatus legal, autorización de trabajo plena y protección renovable contra la deportación a inmigrantes ilegales presentes en el país desde la oleada migratoria de 2021, a cambio de restitución e impuestos atrasados. Incluye además una vía hacia la ciudadanía para los receptores de DACA.
El tercero es la Securing Agriculture's Workforce Act (H.R. 9535), del presidente Glenn Thompson. Moderniza el programa de visas H-2A, pero contiene un mecanismo que permite a trabajadores ilegales ya presentes en el país convertirse a estatus H-2A legal mientras se les perdonan sus violaciones migratorias previas.
El círculo más comprometido lo forman tres nombres: Salazar redactó la Dignity Act y luego firmó también los otros dos proyectos. Valadao fue cosponsor original de los tres. Newhouse completó el trío, aunque no buscará reelección. Eso deja a Salazar y Valadao como los dos republicanos más activos en la agenda de legalización que aún piden el voto.
Un segundo grupo respaldó dos de los tres proyectos: Mike Simpson se sumó al proyecto agrícola y al de modernización. James Baird, Mike Kelly, Lloyd Smucker, Gabe Evans y Monica De La Cruz copatrocinaron la Dignity Act y la Securing Agriculture's Workforce Act. Don Bacon hizo lo mismo, pero tampoco buscará reelección.
En total, diez republicanos copatrocinaron dos o más de estos proyectos en el Congreso actual. Ocho de esos diez están en la boleta de las intermedias. Además, 37 republicanos adicionales aparecen como firmantes de la Securing Agriculture's Workforce Act, entre ellos Darin LaHood, Richard Hudson y Claudia Tenney.
Que no te lo cuenten. El relato de que el Partido Republicano es hoy un bloque monolítico contra la amnistía se cae solo con leer los registros del Congreso. El aparato legislativo tiene sus propias lealtades —a las industrias que financian campañas, a los empleadores agrícolas que presionan en los pasillos— y esas lealtades no siempre coinciden con las del votante que pone la calcomanía en el coche. La pregunta que Homeland PAC pone sobre la mesa es la correcta: si un legislador firma tres veces la legalización masiva de una fuerza laboral ilegal, ¿a quién representa realmente? Al contribuyente americano, desde luego, no.
