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OFAC abre la puerta a telecomunicaciones en Venezuela: licencias con candados y reporte obligatorio al Tesoro

Washington autoriza operar en Venezuela pero exige transparencia total y mantiene el régimen de sanciones intacto. No es una amnistía al chavismo: es un bisturí.
Imagen ilustrativa
viernes 21 de agosto de 2026

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió este viernes 21 de agosto las licencias generales 61 y 62, que amplían las operaciones autorizadas en el sector de telecomunicaciones en Venezuela, incluidas ciertas transacciones con entidades estatales como Conatel y Cantv.

La Licencia General 61 autoriza a empresas y personas estadounidenses a suministrar bienes, tecnología, software y servicios necesarios para instalar, mantener, reparar, actualizar, operar o respaldar sistemas de telecomunicaciones en el país. La autorización cubre datos, telefonía, internet, radio, televisión y transmisión de noticias, además de acuerdos de interconexión y roaming, arrendamiento de infraestructura y la instalación o mantenimiento de cables submarinos.

La Licencia General 62 va un paso más allá: permite negociar y suscribir contratos contingentes para nuevas inversiones en el sector venezolano. Eso incluye la creación de nuevos proveedores, la expansión de operaciones existentes y la formación de empresas conjuntas, siempre que su ejecución quede condicionada a una autorización posterior de OFAC.

Pero que nadie se confunda con el alcance real de la medida.

Las licencias mantienen restricciones de peso. Quedan excluidas las transacciones con entidades vinculadas a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China. No se desbloquean activos previamente congelados. La Licencia 61 prohíbe expresamente esquemas de pago en oro, intercambios de deuda o transacciones en monedas digitales emitidas por el régimen venezolano. Y quienes operen bajo esta autorización deberán reportar a OFAC las partes involucradas, los productos o servicios, sus cantidades y valores, las fechas de operación y los pagos realizados al chavismo.

En otras palabras: el aparato estatal venezolano queda bajo lupa, no bajo amnistía.

Las autorizaciones tampoco eximen a las empresas de cumplir con los requisitos de otras agencias estadounidenses, entre ellas la Comisión Federal de Comunicaciones y el Departamento de Comercio.

Lo que esto significa. Washington no está normalizando al régimen de Maduro. Está abriendo un canal quirúrgico para que la libre empresa pueda llevar conectividad a millones de venezolanos que hoy dependen de una infraestructura estatal deteriorada, sin regalarle al chavismo un cheque en blanco. La obligación de reporte es clave: cada dólar que fluya hacia Conatel o Cantv quedará registrado y auditado.

El principio es correcto: más mercado, más información, más presión sobre el régimen desde adentro. La burocracia de OFAC pone las condiciones; ahora le toca a la inversión privada decidir si el riesgo vale la apuesta. Que no te lo cuenten.

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