Documentos judiciales citados por medios locales vinculan a Aidan Hamilton, de 18 años, con la compra de Smax Pseudo-DHM en Puffs smoke shop, en Oxford. Hamilton, estudiante de primer año de Ole Miss, visitó la tienda el 9 y el 14 de septiembre para comprar el producto. Su última visita fue una semana antes de su presunta muerte por sobredosis.
Las mismas fuentes señalan que esta es la primera vez que el local queda ligado de forma explícita a la investigación por las muertes súbitas de Hamilton y de Robert Strang, de 20 años. Strang también tenía un paquete de Smax sobre su mesita de noche cuando fue encontrado muerto en su vivienda fuera del campus, el mismo día que Hamilton. Las causas de muerte de ambos siguen bajo investigación y los resultados toxicológicos se esperan dentro de dos semanas.
El expediente también recoge otro dato inquietante. Cuando agentes encubiertos fueron a la misma tienda a comprar kratom, un empleado habría dicho que tuvieran cuidado al tomar las pastillas porque «people were dying from them». En el allanamiento posterior, se incautaron más de 500 unidades de kratom, cartuchos de THC y otros presuntos narcóticos. Según las autoridades, el kratom estaba prohibido para la venta desde 2019.
Dos trabajadores, Yahya Mohamed Mosleh, de 51 años, e Islam Mohamed, de 18, fueron detenidos por posesión de sustancias controladas con intención de distribuir. El dueño de la tienda, Amer Alowdi, fue acusado en 2022 de presunto tráfico de narcóticos y salió de Estados Unidos antes de ser procesado.
También hay una diferencia importante en el caso de Strang. Las autoridades dicen que su paquete de Smax no provenía de Puffs, sino de un Express Mart #7 en el condado de Yalobusha. Su familia dijo que murió «peacefully in his sleep». La de Hamilton lo recordó como alguien que amaba el aire libre y disfrutaba del senderismo y el backpacking.
Lo que queda claro es que la burocracia no evita la tragedia cuando un producto prohibido sigue apareciendo en la calle. Y que, cuando una tienda termina allanada y con empleados detenidos, el costo real no lo absorbe la casta regulatoria: lo pagan familias destrozadas y comunidades enteras. Otra vez la doble vara. Que no te lo cuenten.
