Cinco organizaciones de derechos humanos comparecieron este miércoles ante parlamentarios republicanos y demócratas del Congreso de Estados Unidos. El escenario: la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes. El mensaje: Venezuela no ha transitado a ningún lado.
La crisis se agravó tras los terremotos del 24 de junio. Eso abrió una ventana. Las organizaciones la usaron para plantear medidas concretas: liberación plena de presos políticos, derogación de normas que asfixian el espacio cívico y apertura a mecanismos internacionales de derechos humanos.
Los números desmienten el optimismo oficial. La abogada Martha Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, lo dijo sin rodeos. De las 795 personas que salieron de prisión desde que se anunció la liberación de presos políticos, solo una minoría obtuvo libertad plena mediante la Ley de Amnistía. La mayoría sigue con libertad condicionada y sometida a procesos judiciales que, según Tineo, violan las garantías al debido proceso.
Hoy, según la misma organización, hay 518 personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela.
Hay más. Las autoridades venezolanas no han entregado a los organismos internacionales las listas de beneficiarios de la amnistía. Tampoco las han mostrado a defensores ni a familiares. La verificación independiente es imposible. El aparato estatal anuncia avances que nadie puede comprobar.
«Venezuela es un país devastado por décadas de erosión en su tejido político, económico y social», afirmó Tineo ante el Congreso. Añadió que la solución no puede depender exclusivamente de la política norteamericana. Pero sí exige que esa política se diseñe con enfoque de derechos humanos.
Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz, señaló que los terremotos del 24 de junio abren una oportunidad para «ayudar a dar forma» al futuro democrático del país. Condición: que la transición proteja a la sociedad civil, ponga a las víctimas en el centro y garantice la participación de las mujeres.
Tineo propuso tres acciones inmediatas: liberación plena de todos los presos políticos —civiles y militares—, derogación de las leyes inconstitucionales que restringen el espacio cívico y desmantelamiento de las estructuras de persecución.
Que no te lo cuenten. La burocracia chavista lleva años perfeccionando el arte de anunciar aperturas que no abren nada. Una ley de amnistía que libera en condiciones, listas que no se publican y 518 presos que siguen adentro no son señales de transición. Son señales de control. El Congreso de EE. UU. escuchó a quienes tienen los registros independientes. Ahora la pregunta es si la política exterior traduce eso en presión real o en otro comunicado bien redactado.
