El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene una estrategia clara. Ataca a los vecinos. Calla ante Washington.
La reforma constitucional Chamuca se aprobó el 1 de septiembre de 2026 en primera legislatura. El texto amplía el período presidencial en dos años. Las elecciones que debían celebrarse en noviembre de 2026 pasan a noviembre de 2028.
El secretario de Estado Marco Rubio cuestionó el contenido de la reforma. Pidió además a los socios de Washington «no mantener relaciones habituales» con Nicaragua. El régimen no respondió.
Con Costa Rica, Guatemala, Perú y Paraguay fue distinto. Los cuatro países expresaron preocupación por la restricción del derecho de los nicaragüenses a elegir a sus autoridades. La Cancillería nicaragüense, firmada por el cocanciller Valdrack Jaentschke, respondió con comunicados casi idénticos.
A Guatemala, Perú y Paraguay les dijo: «La soberanía de un pueblo no se discute, y mucho menos puede ser cuestionada por otros países con graves problemas de legitimidad y unidad». A Costa Rica le habló más duro: «No aceptamos la injerencia de otros en nuestros propios asuntos».
El abogado y analista Eliseo Núñez lee esto como táctica. «Ortega está evitando pelear con Estados Unidos», dijo, según El Confidencial.digital. Para Núñez, las reformas «son para llevarlos al 2028», el mismo año de las elecciones estadounidenses. Su hipótesis: Ortega quiere negociar hasta que Trump esté de salida y así tener menos presión para cumplir cualquier compromiso.
Núñez también interpretó el trato desigual. A su juicio, la dictadura «quiere aislar al resto de los países de América Latina» y presentarse ante Estados Unidos como un «símbolo de estabilidad». Aun así, advirtió que Washington ya definió su postura. «No veo que Estados Unidos eche para atrás en el modelo de presión que ya diseñó», señaló, en referencia al esquema que pasa por la Asamblea de Cancilleres de la OEA.
Murillo anunció además un proceso de «consulta» en más de 100 municipios. La segunda legislatura está prevista para el 18 de enero de 2027. Núñez cree que el texto no está cerrado. El régimen, dijo, «va a quitar o poner lo que necesite» y luego alegará que «la gente se lo pidió».
El abogado Juan Diego Barberena fue más allá. No descartó que se agreguen mecanismos para prohibir directamente las elecciones. «Está demostrado que en segunda legislatura agregan algunas disposiciones que no discutieron ni aprobaron», comentó.
El relato oficial habla de soberanía. Los hechos hablan de cálculo. Ortega no defiende principios: compra tiempo. Ataca a las democracias vecinas porque no le cuestan nada. Calla ante Washington porque de ahí sí puede venir un costo real.
Esa es la doble vara de siempre en las dictaduras que sobreviven por negociación, no por legitimidad. Que no te lo cuenten como firmeza soberana: es puro cálculo de supervivencia, con fecha límite puesta en el calendario electoral de otro país.
