El aparato estatal de Nicaragua no desapareció los derechos indígenas de golpe. Los fue borrando despacio, reforma tras reforma, concesión tras concesión.
Eso es lo que denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tres organizaciones: Race and Equality, Fundación del Río y Cejil. La audiencia se celebró en Washington D.C. durante el 196.º Periodo de Sesiones del organismo.
El diagnóstico es brutal. Según los datos presentados, existen 75 lotes mineros que afectan 19 áreas protegidas y dos reservas de biosfera. El territorio comprometido supera las 900 mil hectáreas. Entre las zonas más golpeadas están la Reserva de Biosfera Bosawas y la Reserva Biológica Indio Maíz, los principales remanentes de bosque tropical del país.
No es solo tierra. La abogada de Cejil, Alejandra Manavella, expuso que 62 lotes mineros afectan 18 territorios indígenas y afrodescendientes. Eso representa el 25.5% de las tierras comunales. Las concesiones impactan además 163 ríos, 80 quebradas y cerca de 1,900 kilómetros de red hídrica.
Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, fue más directo. Dijo que el Estado nicaragüense eliminó progresivamente las salvaguardas ambientales. Suprimió los estudios de impacto ambiental previos. Eliminó las consultas públicas obligatorias. Facilitó así la expansión minera sin freno institucional.
Ruiz agregó que la minería incrementó el uso de mercurio y cianuro, mantiene trabajo infantil y opera dentro de áreas naturales protegidas. Algo, según su testimonio, inédito hasta la fecha.
La violencia no es colateral. Es parte del modelo. Según los datos expuestos ante la CIDH, entre 2013 y 2024 al menos 69 personas indígenas fueron asesinadas en este contexto. Se mencionaron casos de persecución a líderes como Brooklyn Rivera, Nancy Henríquez, Steadman Fagoth y ocho guardabosques mayangnas.
El relator especial Javier Palummo lo resumió sin rodeos: esto no es solo un problema ambiental. Es una crisis de gobernanza territorial. La superposición de concesiones sobre territorios colectivos debilita los mecanismos de evaluación y crea un entorno que favorece la violencia.
Las organizaciones señalaron además que las reformas constitucionales impulsadas por Ortega y Murillo debilitaron la autonomía de la Costa Caribe. Subordinaron a las autoridades indígenas y afrodescendientes al poder central. La Ley 445, que ordena el saneamiento de territorios indígenas, sigue sin aplicarse.
Que no te lo cuenten. Lo que ocurre en Nicaragua no es un debate sobre política medioambiental. Es un Estado que concentra poder, elimina contrapesos, entrega recursos a intereses extractivos y persigue a quienes se oponen. El relato del «gobierno popular» se cae solo cuando hay 69 muertos indígenas y 900 mil hectáreas concesionadas sin consulta. La burocracia de Ortega no protege comunidades: las desaloja para que las mineras operen sin testigos.
