Daniel Ortega lo dijo sin rodeos y sin disculpas. Ante una ceremonia que conmemoraba la revolución sandinista de 1979, el presidente de Nicaragua anunció que su país no volverá a celebrar elecciones. «No habrá más elecciones aquí», declaró el mandatario. «No habrá más elecciones para que intenten apoderarse del gobierno, apoderarse del poder».
La justificación fue la de siempre en estos casos: el enemigo externo. Ortega prometió construir un «muro» legal contra lo que llamó «traidores» y «golpistas», y acusó a «los yanquis» de financiar a la oposición. «Los partidos puestos por los yanquis, puestos por el régimen de Somoza, volviendo al poder — esa historia terminó», afirmó.
No es retórica nueva. Es la culminación de un proceso que lleva años en marcha.
Ortega tomó el poder por primera vez en 1979 tras la revolución que derrocó a Anastasio Somoza. Gobernó hasta 1990, cuando Violeta Chamorro lo derrotó en las urnas. Perdió de nuevo en 1996 y en 2001. Regresó a la presidencia en 2007 y desde entonces no ha soltado el mando. En 2021 se declaró ganador de unas elecciones que la comunidad internacional consideró ilegítimas, después de haber encarcelado a todos los candidatos que podían derrotarlo.
El saldo de su régimen es documentado y concreto. Desde las protestas masivas de 2018 — reprimidas con una violencia que según Daily Wire dejó más de 350 manifestantes muertos — Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo han intensificado el control. Según la Administración Trump, el régimen ha detenido, torturado y asesinado a opositores políticos, perseguido al clero católico, y cerrado más de 5.600 organizaciones sin fines de lucro, universidades y medios independientes. En agosto de 2023, según Legal Insurrection, el régimen prohibió la orden jesuita y confiscó todos sus bienes, incluida la Universidad Centroamericana en Managua. Casi un millón de nicaragüenses han huido del país, según Daily Wire.
La Administración Trump ya actuó en consecuencia: sancionó a cinco altos funcionarios nicaragüenses por su papel en la represión. «Estados Unidos está imponiendo sanciones a cinco altos funcionarios nicaragüenses que incitaron la inestabilidad regional mediante la consolidación del poder de la dictadura y los abusos continuos contra el pueblo nicaragüense», declaró Tommy Pigott, portavoz principal del Departamento de Estado, según Legal Insurrection.
Ahora Ortega ha eliminado el último velo. Ya no hay simulacro electoral que sostener, ya no hay fecha en el calendario que fingir respetar.
Lo que ocurre en Nicaragua es el manual completo del autoritarismo de izquierda latinoamericano: se llega al poder por las urnas, se eliminan las urnas, se criminaliza la disidencia y se abraza a Moscú, Pekín y Caracas. El aparato estatal no sirve al ciudadano; el ciudadano sirve al aparato. Que Ortega lo haya dicho en voz alta no es una torpeza: es una declaración de victoria. La pregunta que queda sobre la mesa es si el hemisferio — empezando por Washington — responderá con algo más que sanciones y comunicados.
