El dinero ya estaba gastado. El Salamanca City Central School District, en el norte rural de Nueva York, aprobó la compra de un robot humanoide por $57,590. Lo llamaron Sally. Tenía cabello oscuro largo, piel de silicona y brazos funcionales. Iba a apoyar clases de codificación, robótica e inteligencia artificial para estudiantes de 11.° y 12.° grado.
Luego llegó la pregunta incómoda: ¿quién fabrica a Sally?
Realbotix LLC es el fabricante. Su empresa hermana, Intima LLC, tiene participación accionaria en RealDoll. RealDoll es conocida por producir muñecas sexuales con IA. La propia empresa las promociona como «el sexbot más avanzado del mundo», según reportó ABC News.
La reacción fue inmediata. Melinda Person, presidenta de New York State United Teachers, lo dijo sin rodeos: «Un robot fabricado por una empresa asociada con muñecas sexuales no tiene nada que hacer en nuestras aulas». Los sindicatos docentes sumaron otra preocupación: el robot sería el primer paso para reemplazar a los maestros con IA.
Los padres también exigieron respuestas sobre privacidad. ¿Qué datos recoge Sally? ¿Dónde se almacenan? ¿Quién los controla? Lacey Pihlblad, presidenta de la Salamanca Teachers' Association, señaló que los educadores estaban «muy preocupados por la seguridad del software» y por las capacidades de grabación del dispositivo.
El superintendente Mark Beehler defendió la compra. Argumentó que el distrito —ubicado en el Territorio Allegany de la Nación Seneca, con unos 1,300 estudiantes, de los cuales el 79% son considerados económicamente desfavorecidos— necesita acceso a tecnología emergente. «En la mayoría de los casos, nuestros estudiantes deben viajar una o dos horas para tener oportunidades de ver tecnología emergente», dijo. Agregó que eligió Realbotix porque sus robots vienen preprogramados con Woz Ed, la plataforma educativa del cofundador de Apple Steve Wozniak que el distrito ya utiliza.
Realbotix rechazó que Sally sea una muñeca sexual modificada. Afirmó que es una unidad fabricada específicamente para uso educativo. Aseguró que ambas subsidiarias operan con gestión, personal, instalaciones y estrategias de mercado separadas.
La Comisionada de Educación del Estado, Betty Rosa, envió una carta al distrito expresando sus reservas. Señaló una contradicción: el superintendente confirmó que el robot no daría instrucción en el aula, pero una presentación ante la junta lo describió como «plataforma de tutoría».
El programa está pausado. El distrito trabaja en acuerdos reforzados de privacidad con funcionarios estatales.
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Aquí el principio en juego es simple. Los padres de Salamanca no se opusieron a la tecnología. Se opusieron a que nadie hiciera la diligencia básica antes de firmar un cheque de casi sesenta mil dólares con dinero público. Eso no es luddismo. Es sentido común.
El relato se cayó solo. No por la derecha ni por los conservadores: por una comunidad que leyó el contrato que los funcionarios no leyeron. Que no te lo cuenten.
