Un comité de supervisión neerlandés publicó el 9 de septiembre un informe sobre el primer caso de eutanasia de un niño de entre uno y doce años en los Países Bajos. El niño tenía casi dos años.
Nació prematuro, sufrió daño cerebral grave, parálisis cerebral, convulsiones epilépticas, no podía hablar y tenía mucosidad que le impedía respirar. El informe lo describió como un caso de sufrimiento profundo y sostuvo que la condición era «sin esperanza».
La decisión no la tomó el niño. Según la fuente, los padres y los médicos actuaron como tomadores de decisiones sustitutos y resolvieron poner fin a su vida. Un informe del gobierno neerlandés concluyó que el caso se manejó con «salvaguardas apropiadas» y el cuidado debido.
Dos días después, el 11 de septiembre, la Cámara de los Comunes británica rechazó un proyecto reintroducido para legalizar la muerte asistida por 286 votos contra 270. La votación dio marcha atrás respecto del apoyo que había recibido en su primera lectura en junio de 2025, cuando 314 miembros del Parlamento lo respaldaron.
La discusión no es técnica, aunque el aparato burocrático quiera vestirla así. La fuente deja claro el punto de fondo: en los Países Bajos, la autonomía quedó incorporada a una evaluación de terceros, y eso traslada decisiones sobre vida y muerte a personas distintas del paciente. En sistemas de salud nacionalizados y cargados, la tentación de convertir el sufrimiento en expediente es demasiado grande.
También hay una lección para el Reino Unido. Si un país empieza con controles estrictos y luego expande el criterio, el resultado no es teoría: es una pendiente legal que ya mostró sus consecuencias. El principio en juego es simple: si una sociedad acepta que algunas vidas pueden terminarse por decisión administrativa, la dignidad humana deja de ser un límite y pasa a ser una variable. Otra vez la doble vara.
Que no te lo cuenten: cuando la compasión se administra desde arriba, el contribuyente no gana libertad ni humanidad; gana más burocracia sobre la vida y la muerte. Y cuando la política sustituye el juicio moral por procedimientos, lo que se erosiona no es solo la medicina, sino el valor mismo de la persona.
