El caso Rubén Rocha Moya no da tregua. El gobernador con licencia de Sinaloa, señalado por autoridades estadounidenses de presuntos nexos con el crimen organizado, sigue en el centro del debate. Y el gobierno federal sigue blindándolo.
La periodista Paola Rojas lo dijo en el programa Cuarto para las Cuatro. Sin eufemismos: «Si Rubén Rocha cayera solo, ya lo hubieran entregado. Seguramente junto con él cae alguien con tanto peso que por eso el blindaje. No puede haber otra explicación».
No es un comentario menor. Es una hipótesis que se viralizó de inmediato. El especialista en redes Arturo Villegas destacó que Rojas resumió en segundos lo que muchos se preguntan. El periodista Luis Cárdenas también retomó la frase.
Rojas fue más lejos. «Les está saliendo muy caro políticamente seguir blindando o protegiendo a Rubén Rocha», afirmó. Su argumento es claro: el desgaste es demasiado alto para explicarse solo por solidaridad partidista. Si el costo fuera únicamente de Rocha, la respuesta institucional habría sido distinta.
La periodista Carolina Hernández Solís fue en la misma dirección. Dejó entrever, según la fuente, que una posible extradición de Rocha Moya tendría un impacto enorme en el movimiento de la Cuarta Transformación.
Mientras tanto, Rocha Moya niega todo. Rechazó las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Negó estar protegido por el Ejército. Aseguró que permanece en su domicilio de Culiacán y que compareció voluntariamente ante la FGR. Llamó los señalamientos «calumnias».
La Fiscalía General de la República, por su parte, informó que las investigaciones siguen abiertas. Pero precisó que hasta ahora no cuenta con elementos suficientes para ejercer acción penal conforme al estándar probatorio de la legislación mexicana.
El contexto es brutal. Desde la captura de Ismael «El Mayo» Zambada en julio de 2024, Sinaloa no encuentra paz. Según el informe La guerra de los herederos en Sinaloa de International Crisis Group, la ruptura entre Los Mayos y Los Chapitos fragmentó al Cártel de Sinaloa en cuatro grandes facciones y más de veinte células criminales. Siguen disputándose el estado.
Además, se confirmó la participación del FBI en el operativo que culminó con la captura de Zambada. Dato que autoridades estadounidenses habían negado inicialmente. El gobierno mexicano lo usó meses para exigir información. Ahora que llegó, la postura oficial sigue pidiendo más pruebas.
Que no te lo cuenten. El patrón es siempre el mismo: el aparato estatal mexicano protege, dilata y pide más tiempo. Sinaloa arde. La burocracia delibera. Y la pregunta de Rojas queda flotando sin respuesta oficial: ¿a quién protegen en realidad? El relato se cayó solo. Lo que queda es la hipótesis más incómoda: que el blindaje no es lealtad. Es miedo.
