Un hombre de 44 años fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) en La Araucanía. Se le investiga por una presunta amenaza contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
La amenaza no fue verbal. Fue una imagen.
El 30 de agosto, una cuenta de Facebook identificada como «Fcis Jass» publicó un montaje en el grupo «Los Laureles Chile». La imagen mostraba a Quiroz junto al exsenador Jaime Guzmán, fallecido. Ambos aparecían con una lesión de bala en la frente.
No es un detalle menor. Guzmán fue asesinado en 1991 por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ponerle esa misma herida a un ministro en funciones no es una crítica. Es un mensaje.
La Fiscalía Nacional confirmó los hechos. Dijo que investiga «para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades». El Ministerio Público no entregó la identidad del detenido. Tampoco precisó qué delitos se investigan.
Que no te lo cuenten como un meme más.
En Chile existe una costumbre peligrosa: tratar las amenazas de muerte contra funcionarios como si fueran parte del folclor de las redes sociales. Un montaje con sangre y bala no es humor negro. Es la normalización de la violencia política, dirigida esta vez contra quien administra las cuentas fiscales del país.
La referencia a Guzmán no es casual. Evocar su asesinato junto a la imagen de un ministro de Hacienda en ejercicio busca instalar miedo, no debate. Es la vieja lógica de que al enemigo político no se le discute: se le recuerda que puede terminar como terminó el senador asesinado.
La investigación recién empieza. No sabemos aún quién es el detenido ni qué lo motivó. Eso lo determinará la Fiscalía, y solo ella. Pero el hecho de que la PDI haya actuado con rapidez, y de que el Ministerio Público confirmara el caso, deja algo claro: cuando la amenaza se dirige a un ministro de Hacienda, el aparato del Estado se mueve.
La pregunta que queda flotando es otra. ¿Se movería igual de rápido si la víctima de un montaje con bala en la frente fuera un dirigente social, y el autor un simpatizante de este gobierno? La respuesta la conoce cualquiera que haya visto cómo se reparte la indignación pública en Chile. Otra vez la doble vara, aunque esta vez, al menos, la justicia actuó.
