En Colombia no existe una distancia mínima regulada entre peajes. El resultado, según el senador Luis Carlos Rúa, apodado «Elefante blanco», es que en Antioquia hay estaciones separadas por apenas 1,5 kilómetros.
Rúa impulsa un proyecto de ley con el respaldo de 23 congresistas. La iniciativa fija 150 kilómetros como distancia mínima entre puntos de cobro.
La propuesta también crea tarifas diferenciales para quienes se movilizan a diario por trabajo o salud. «Eso no tiene sentido», dijo Rúa sobre pagar peaje varias veces al día en el mismo trayecto.
El proyecto plantea además un inventario nacional de peajes. Hoy distintas entidades los administran sin coordinación entre sí, según el senador.
Hay otro punto clave: el dinero. Rúa quiere que los recursos que vuelven al Invías se administren mediante un fondo independiente. Su objetivo es que ese dinero llegue a las carreteras y no se pierda en el presupuesto general.
«Cuando pasan a Invías, los presupuestos se van directamente hacia la Nación y luego vuelve solo una parte», explicó el senador. Es decir: el peaje que paga el conductor no necesariamente repara la vía que usa.
Mientras el Congreso debate, otro frente golpea al bolsillo del usuario. Veinte usuarios de Flypass presentaron una acción de grupo contra F2X S.A.S., la empresa detrás de la plataforma. La demanda, radicada en Itagüí, denuncia un cobro adicional de $220 por cada paso en peajes electrónicos.
Los apoderados citan una resolución del Ministerio de Transporte que prohíbe cobrar por encima de la tarifa oficial. El plan Colpass, promocionado como gratuito, también registra débitos.
El presidente de F2X, Juan Manuel Vicente, reconoció el problema. Según él, un error tecnológico afectó a 312 usuarios que habían cambiado de plan. En conjunto, se les cobró $675.000 de más. La empresa dice que ya corrigió la falla.
El bolsillo del contribuyente, siempre al final de la fila
Dos historias, un mismo patrón: el usuario paga y el Estado —o el intermediario privado con aval estatal— decide después si le devuelve algo. Primero fueron los peajes duplicados sin control. Ahora es una plataforma que cobra de más «por error».
Que el dinero recaudado en carretera acabe diluido en el presupuesto general, en lugar de repararla, no es un detalle técnico. Es la prueba de que la burocracia estatal administra mal lo que el ciudadano ya pagó. El proyecto de Rúa apunta al problema correcto: orden, trazabilidad y límites al apetito recaudador. Falta ver si el Congreso lo deja avanzar o lo entierra, como suele pasar con lo que incomoda a quienes viven del peaje ajeno.
