Perú volvió al bicameralismo. Ocurrió el 24 de julio. Ese día juraron 60 senadores y 130 diputados elegidos en las generales de abril para el periodo 2026-2031.
El país operaba bajo un Congreso unicameral desde 1992. Ese año Alberto Fujimori disolvió el parlamento con su autogolpe del 5 de abril. La Constitución de 1993 consolidó ese esquema. Duró 34 años.
La reforma que abrió la puerta al retorno la aprobó el propio Congreso unicameral en 2024. No hubo referéndum. Bastó el consenso parlamentario.
Ahora hay dos cámaras con roles distintos. La Cámara de Diputados es el origen de la mayoría de proyectos de ley. El Senado los revisa, los aprueba o los rechaza. Además, el Senado elige al Defensor del Pueblo, a los magistrados del Tribunal Constitucional y a tres miembros del directorio del Banco Central de Reserva. También ratifica tratados internacionales y autoriza los viajes del presidente al exterior.
Ninguno de los seis partidos con representación obtuvo mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras. Fuerza Popular lidera el bloque oficialista con 22 senadores y 41 diputados. La oposición suma exactamente los mismos 30 senadores. Empate exacto.
Ese empate marcó la elección de la Mesa Directiva del Senado el 26 de julio. Dos listas compitieron. La oficialista, encabezada por el senador Miguel Ángel Torres de Fuerza Popular. La opositora, liderada por el senador Daniel Barragán del Partido Cívico Obras. El escenario de segunda ronda estaba sobre la mesa.
En la Cámara de Diputados, la sesión fue a las 17:00 horas. Los candidatos a presidirla: la diputada Norma Yarrow de Renovación Popular y el diputado Óscar Reto del Partido del Buen Gobierno.
Que no te lo cuenten. Lo que Perú recuperó no es solo un vocabulario parlamentario olvidado. Es un mecanismo de frenos y contrapesos. Una cámara que revisa a la otra. Un Senado que controla nombramientos clave. Eso se llama límite al poder. Y los límites al poder son exactamente lo que los autócratas de todo pelaje eliminan primero.
El equilibrio entre bloques puede parecer un problema de gobernabilidad. Visto desde la libre empresa y el estado de derecho, es una oportunidad. Ningún sector podrá imponer agenda sin negociar. El que quiera gobernar tendrá que convencer. En un país que ha visto presidentes presos, fugados o destituidos en cadena, eso no es poco.
