La fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, presentó el viernes una moción para retirar los cargos contra David Hearn. Hearn es un exolímpico de canotaje. Enfrentaba hasta diez años de prisión por supuesto vandalismo en la piscina reflectante del Lincoln Memorial.
El giro es contundente. Pirro había declarado apenas un mes antes que los fiscales tenían «evidencia tremenda» de la culpabilidad de Hearn. Ahora, su propia moción concede que el daño fue «resultado de una instalación fallida y no de vandalismo».
Según los documentos presentados, el forro azul instalado durante la renovación comenzó a despegarse a los dos días de completarse el proyecto. El Departamento del Interior no reveló ese dato a los fiscales. Insistió, en cambio, en que «casi todo el daño» era obra de vándalos. Pirro acusa directamente al Departamento de haberla inducido a error.
El contratista responsable fue Atlantic Industrial Coatings. Obtuvo el contrato sin licitación competitiva. Según la moción, la empresa aceleró los trabajos para terminar antes de las celebraciones del 4 de julio vinculadas al América 250. El resultado: el agua se volvió verde por algas. El forro se peló. La inauguración que Trump había prometido no ocurrió en la fecha prevista.
De los siete arrestados en relación con la piscina, Hearn fue el único acusado de delito grave. Los abogados de Hearn señalaron que el retiro de cargos «no borra el abuso de poder gubernamental al arrestar y acusar a un americano patriótico que no hizo nada malo».
Vale la pena recordar un dato que complica el relato de la catástrofe única: en 2012, el Washington Post informó que la piscina fue drenada para eliminar algas tras trabajos anteriores. La piscina reflectante tiene historial de problemas de mantenimiento. Eso no absuelve a nadie. Pero sí desmonta la narrativa de que el fenómeno es exclusivo de esta administración.
Aquí hay dos problemas reales. Primero: un contrato sin licitación, pagado con dinero de los contribuyentes, entregó obra defectuosa. Nadie en el aparato estatal detuvo el proceso a tiempo. Segundo: un ciudadano pasó semanas enfrentando una acusación de felonía por curiosear daños que ya existían. La burocracia del Interior ocultó información. La fiscalía disparó primero y preguntó después.
Que Pirro haya corregido el rumbo es lo mínimo exigible. Que nadie haya respondido todavía por el contrato sin licitación ni por la evidencia retenida es la pregunta que queda en pie. El relato del vándalo se cayó solo. La cuenta del contribuyente, no.
