La discusión estalló en el Senado tras la presencia de personal de la Fuerza Pública en el techo del Capitolio Nacional mientras había marchas opositoras en la Plaza de Bolívar.
La senadora Jennifer Pedraza criticó la escena en redes sociales y preguntó: «¿Qué hace la fuerza pública con fusiles en las calles y en los techos del Congreso mientras la gente se manifiesta? ¿Quién dio la orden de este despliegue y con qué justificación?». También sostuvo en plenaria que «Abelardo tiene que responder».
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, respondió que fue él quien dio la orden. Dijo que la solicitud llegó desde la seguridad del expresidente Gustavo Petro y que «todos los expresidentes cuentan con uno».
Henríquez leyó una carta firmada por el intendente jefe Juan Carlos Bermúdez López, responsable de las avanzadas de seguridad del esquema de Petro. En ese documento se pide autorizar el ingreso y la ubicación en la terraza de dos funcionarios de la Fuerza Pública «a partir de las 08:00 horas del día 14 de octubre de 2026», para garantizar la integridad de Gustavo Francisco Petro Urrego durante su visita a un evento en inmediaciones del edificio.
Pedraza agradeció la aclaración, pero dijo que «no tenían conocimiento» de la medida. Aun así, afirmó que «el riesgo al que esta medida expone a los y las manifestantes no se justifica porque el expresidente Gustavo Petro lo haya solicitado».
También cuestionó otras medidas del Gobierno, como «mandar militares armados a la Universidad Nacional». Henríquez replicó que actuó «bajo mi responsabilidad» y pidió evitar la desinformación.
Aquí hay algo simple: cuando la seguridad del expresidente termina en una escena de fusiles sobre el Congreso, el costo político lo pagan la confianza pública y la calma de la calle. Otra vez la doble vara: se exige prudencia al Estado, pero se normaliza el despliegue armado cuando conviene al poder.
El punto de fondo no es el ruido de redes. Es el criterio con el que se usa al aparato estatal. Si la protección existe, debe explicarse con transparencia y sin alimentar sospechas. Que no te lo cuenten. En Colombia, cada abuso de opacidad termina abonando más desconfianza sobre la burocracia y menos respeto por el orden institucional.
