La senadora del Centro Democrático María Clara Posada volvió a poner la lupa sobre las finanzas de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, luego de que el Gobierno nacional planteó un recorte presupuestal de cerca de $170.000 millones para 2027.
Esta vez, su revisión se centró en los contratos de arrendamiento. Con capturas de pantalla de documentos oficiales, la congresista dijo en X que la JEP no solo opera en el edificio de la carrera Séptima con calle 63, sino que además habría suscrito una segunda sede tras el crecimiento de su planta de personal.
Posada señaló dos montos concretos: el arriendo del edificio Torre Squadra por $160.005 millones entre 2017 y 2026, incluidos los primeros contratos suscritos por el Fondo Colombia en Paz, y una segunda sede contratada en 2024 por $10.730 millones entre 2024 y 2026. La suma de ambos contratos da $170.735 millones.
Según la senadora, la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco explicó en 2017 que la elección de Torre Squadra respondía a la necesidad de que la justicia transicional operara desde una única sede. Posada dijo que esa lógica terminó en sentido contrario: la entidad acabó funcionando en más de una edificación.
La congresista también afirmó que la proyección inicial contemplaba una nómina de 1.057 personas, mientras que para 2024 la planta de personal llegó a 1.455 cargos, una variación de 398 personas frente a la estimación inicial. Añadió que la JEP argumentó ese crecimiento para ubicar en otra sede los 402 cargos sobrantes de la Unidad de Investigación.
«El derroche de la JEP en contratos de arrendamiento no para», escribió Posada. Y fue más lejos: «Esta es una dinámica perversa con los recursos públicos: dispararon la nómina para justificar la contratación de una nueva sede».
También sostuvo que, si la JEP iba a terminar fragmentada en varios inmuebles, pudo haberse escogido desde el inicio una sede principal más barata y distribuida en varios edificios, como ocurre con gran parte de las entidades del Estado.
En medio de la discusión por el presupuesto, Posada remató con otra crítica: «Y aun así tienen el descaro de poner el grito en el cielo por un recorte de $170.000 millones para 2027».
La lectura política es clara: cuando el aparato estatal se expande, la cuenta siempre termina en la misma mesa, la del contribuyente. La JEP nació envuelta en discurso de justicia transicional, pero lo que hoy aparece en la denuncia de Posada es una estructura que, según sus cifras, multiplicó sedes, nómina y gasto fijo.
Que no te lo cuenten. Si los números de la senadora se sostienen, el problema no es solo administrativo: es de incentivos. Otra vez la doble vara. Mientras se exige más dinero público, la burocracia se acomoda, se expande y luego pide protección frente al recorte.
