La pelea entre María Clara Posada y Rodrigo Londoño volvió a poner bajo la lupa una de las grandes deudas del aparato de justicia transicional: la sensación de que el dolor de las víctimas quedó en segundo plano.
Posada publicó fragmentos de una diligencia realizada el 14 de febrero de 2019, dentro del Caso 01 de la Jurisdicción Especial para la Paz, que investiga los secuestros cometidos por las extintas Farc. La audiencia fue presidida por la magistrada Julieta Lemaitre y, según Posada, los registros llegaron a sus manos por una fuente anónima.
Londoño, conocido como «Timochenko», acusó a la senadora de haber cometido un delito al hacer públicos los registros. Posada rechazó el señalamiento y aseguró que como congresista tenía «pleno derecho a ejercer control político».
En los fragmentos divulgados aparece Londoño hablando sobre las condiciones en las que permanecían los secuestrados. Allí sostuvo que dentro de la organización existían criterios para garantizar un supuesto «buen trato» y afirmó: «Había criterios unitarios de buen trato, buena comida. Incluso, si no había comida para uno, para el que estaba retenido se le debía garantizar la comida (...) tortura no, jamás».
En otro momento, negó que existieran directrices internas para torturar a los secuestrados: «Tortura no, jamás. Ni internamente, ni golpear a nadie. Eran sancionados», se escucha en el fragmento divulgado.
Posada cuestionó el tono de la diligencia y dijo que, lejos de parecer «el sometimiento de un terrorista a una autoridad judicial», la escena parecía «una tertulia de 6 horas con amigos en el club con risas, anécdotas y sin preguntas incómodas». También afirmó: «Esto es lo que nos ha costado $3.8 billones a la fecha. La burla a las víctimas sería la regla general de una entidad que lo único que busca es proteger a los victimarios».
La senadora además criticó que estas audiencias se mantengan bajo reserva y dijo que eso no debería ocurrir. En otra publicación en X, preguntó si los magistrados habían tratado con la misma amabilidad a miembros de la Fuerza Pública que no aceptaron responsabilidad.
Lo que deja este episodio es una pregunta incómoda para la JEP: ¿a quién le rinde cuentas realmente? Si una justicia transicional termina pareciendo una cofradía con risas, distancia y cero rigor frente a crímenes atroces, entonces el problema no es solo jurídico. Es moral.
Y cuando ya van $3.8 billones, como dijo Posada, la discusión no es menor: cada peso del contribuyente exige resultados, no ceremonias indulgentes. Otra vez la doble vara. Si el país va a sostener este aparato, al menos debería pedirle lo elemental: respeto por las víctimas, seriedad institucional y cero teatro.
