El escándalo de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue dando capítulos. Esta vez el protagonista es Wadith Manzur, senador electo por Córdoba que lleva privado de su libertad desde marzo pasado por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
A días de la posesión del nuevo Congreso, el viernes 17 de julio se conoció el movimiento de su defensa: el abogado Víctor Mosquera Marín solicitó al alto tribunal que autorice a Manzur salir de la guarnición militar donde está recluido para asistir a la ceremonia del 20 de julio y tomar posesión de su curul.
El argumento de la defensa mezcla derecho político con aritmética electoral. Según Mosquera Marín, «la medida de aseguramiento actualmente vigente tiene el potencial de impedir el ejercicio efectivo de los derechos políticos del senador electo y de afectar la voluntad democrática expresada por más de 134 mil ciudadanos que respaldaron su elección».
Tradúzcase: el abogado pide que los votos funcionen como llave de celda.
El caso UNGRD es uno de los escándalos de corrupción más resonantes del gobierno Petro. La entidad, encargada de atender emergencias y desastres, quedó en el centro de investigaciones por presuntas irregularidades en la asignación de recursos públicos. Manzur figura entre los procesados por esa causa.
El relato se cayó solo. El petrismo construyó durante años la narrativa de que la corrupción era patrimonio exclusivo de la «vieja política» y que el cambio traía manos limpias. El caso UNGRD —con funcionarios del propio gobierno bajo lupa y aliados electorales procesados— desmonta esa promesa pieza por pieza.
Desde Contrafuego lo decimos sin rodeos: que un hombre procesado por presunta corrupción en el manejo de fondos destinados a víctimas de desastres invoque la voluntad popular para eludir una medida de aseguramiento no es un argumento jurídico sólido; es, en el mejor de los casos, una apuesta desesperada. Los 134 mil votos son reales. La detención ordenada por la Corte Suprema también. En un Estado de derecho que funcione, una cosa no cancela la otra. Colombia merece saberlo.
