Wadith Manzur no se posesionará como congresista. Al menos no por ahora, y no de la manera que él pedía. El secretario del Senado, Diego González, emitió un concepto de tres páginas. La conclusión es clara: no hay base jurídica para una posesión a distancia ni para habilitar por vía administrativa una modalidad distinta a la prevista en el reglamento interno del Congreso.
Manzur es conservador. Fue elegido al Congreso pese a que ya estaba siendo investigado por la justicia. El 20 de julio, día de posesión, no pudo presentarse. Está privado de la libertad por sus presuntas actuaciones en el escándalo de corrupción de la UNGRD. Se encuentra recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional.
El exrepresentante solicitó juramentarse de forma virtual. También se puso sobre la mesa una posesión presencial en su lugar de reclusión. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, confirmó que esa opción fue considerada. El concepto de la Secretaría la descartó igual.
González reconoció que la privación de la libertad «puede configurar una circunstancia de fuerza mayor que justifique la falta de posesión dentro del término constitucionalmente previsto». Pero puso condiciones. Debe tratarse de «una imposibilidad objetiva, irresistible y ajena a la voluntad del congresista». Además, aclaró que las actuaciones de Manzur para procurar su posesión son «elementos susceptibles de ser examinados judicialmente como una eventual causa justificativa». Eso es asunto de los jueces, no del Senado.
En otras palabras: si Manzur quiere algún efecto jurídico, que lo busque ante la justicia. La burocracia legislativa no le abrirá esa puerta por decreto administrativo.
Aquí el relato se cae solo. Un candidato investigado por corrupción compite, gana una curul y luego exige que el Estado le acomode las reglas para ejercerla desde la celda. La audacia no es menor. Tampoco lo es la pregunta que nadie en el petrismo quiere responder: ¿cómo llegó este hombre hasta aquí con una investigación activa encima?
Contrafuego lo dice sin rodeos. El problema no es solo Manzur. Es un sistema que permite postularse con causas abiertas, que normaliza la corrupción como accidente de carrera y que luego debate con solemnidad si el preso merece juramentarse por videollamada. El Senado hizo lo correcto al cerrar esa puerta. Pero el daño al Estado de derecho ya estaba hecho mucho antes del 20 de julio.
