El senador del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El objetivo es impedir que menores de 13 años creen, contraten, registren, mantengan o usen cuentas en redes sociales.
La propuesta también plantea adicionar el artículo 101 Bis 4. Con ello, las empresas de redes sociales tendrían la obligación de implementar mecanismos de verificación de edad de las usuarias y los usuarios. Además, deberían garantizar que su información no se use para fines distintos.
Anaya Gutiérrez sostuvo que los espacios virtuales pueden interferir en la vida de los adolescentes. Dijo que esto ocurre en una etapa de transformaciones emocionales, donde publicaciones, reacciones, comentarios y mensajes repercuten en su experiencia social cotidiana.
También advirtió sobre el ciberacoso y la exposición constante a contenidos inadecuados para niñas y niños. Señaló que en la red pueden encontrar material violento, sexual, discriminatorio o que promueva conductas perjudiciales.
El senador agregó que, cuando un menor sufre acoso digital o se difunde una fotografía personal indebida, no basta con retirar la publicación o cerrar la cuenta. Según expuso, el daño puede seguir fuera de la plataforma porque la información ya pudo haberse compartido.
Anaya Gutiérrez aclaró que su intención no es excluir el acceso a internet ni negar los beneficios educativos y sociales de las tecnologías. Planteó, más bien, una protección durante una etapa en la que las capacidades para identificar riesgos, proteger datos personales y evaluar consecuencias todavía están en desarrollo.
También precisó que fijar los 13 años como edad mínima no busca señalar ni sancionar a las niñas y los niños que usen estas plataformas. Su planteamiento es que la responsabilidad principal recaiga en las empresas que prestan el servicio.
Aquí hay un punto que importa y mucho: la discusión ya no gira solo en torno a la infancia, sino a quién debe cargar con la responsabilidad. Anaya Gutiérrez pone el foco en las plataformas, no en los menores. Y eso, por lo menos, obliga a mirar de frente la burocracia digital que durante años ha vivido de captar atención, datos y tiempo de millones de usuarios.
Otra vez la doble vara. El aparato estatal suele llegar tarde cuando el daño ya ocurrió. Pero ahora el debate toca a las empresas que diseñan el entorno y monetizan el acceso. Que no te lo cuenten: si esta iniciativa avanza, el costo de verificar, restringir y responder ya no quedará solo del lado de las familias. También caerá sobre los dueños de la plataforma.
