Más de 180,000 clientes en San Juan y otras ciudades de Puerto Rico quedarán sin agua durante 48 horas consecutivas en un esquema rotativo que arrancó este viernes. La medida llega mientras casi el 25% de la isla sufre sequía severa y otro 36% enfrenta sequía moderada, según el US Drought Monitor.
Julio fue el mes más seco registrado en San Juan en más de 120 años y el segundo julio más caluroso para la capital. La meteoróloga María Novoa García, del Servicio Meteorológico Nacional, advirtió que las lluvias en las próximas dos o tres semanas estarán al menos 50% por debajo del promedio y que las condiciones secas persistirán hasta septiembre como mínimo. «Estamos viendo que El Niño continúa fortaleciéndose», señaló.
La gobernadora Jenniffer González no supo decir cuánto tiempo durarán las restricciones. «Esta situación está fuera de nuestras manos», declaró el martes. «Nada impide que empeore.» El racionamiento abarca también los municipios de Carolina, Juncos, Gurabo, Trujillo Alto, Canovanas y Loíza. Luis González Delgado, presidente de la autoridad de agua y alcantarillado, anunció que camiones cisterna distribuirán agua potable con prioridad para hospitales y residencias de adultos mayores.
Pero la sequía no lo explica todo. Miles de puertorriqueños ya venían sufriendo escasez de agua hasta un año antes, por causas que la propia autoridad no ha explicado. La lideresa comunitaria Marcia Soler París, de 61 años, lo resume sin rodeos: «Es un caos. Es verdaderamente lamentable.» El alcalde de San Juan, Miguel Romero, demandó a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a finales de mayo, y la propia gobernadora reconoció que la infraestructura de la agencia «ha carecido de inversión y mantenimiento durante décadas». El representante Domingo J. Torres García amenazó con acudir a los tribunales si no recibe respuestas sobre las causas del problema crónico.
Puerto Rico ya aplicó racionamiento en 2020 y en 2015, cuando unos 400,000 clientes recibían agua solo cada tercer día.
La lectura de Contrafuego. El relato oficial apunta al clima, y El Niño tiene su parte de culpa. Pero la gobernadora misma acaba de confesar lo que nadie en el aparato estatal quería decir en voz alta: décadas de abandono institucional en la infraestructura hídrica. Eso no lo provoca la sequía; lo provoca la burocracia que administra el dinero de los contribuyentes sin rendir cuentas. Cuando el Estado monopoliza un servicio esencial y lo gestiona con este nivel de negligencia, son siempre los más vulnerables —adultos mayores, pacientes encamados, familias en vivienda pública— quienes cargan con el costo. El clima pone el escenario; la desidia pública escribe el desastre.
