El lunes, el juicio por triple homicidio contra Lindsay Clancy entró en territorio perturbador. El especialista en forense digital Ian Whiffin declaró que el Apple Watch de la acusada registró una frecuencia cardíaca de 57 pulsaciones por minuto a las 5:23 p.m. del 24 de enero de 2023, el momento en que la fiscalía ubica el inicio de las muertes.
La ventana que los fiscales señalan para los asesinatos va de las 5:23 a las 5:38 p.m. El reloj no registró datos continuos durante ese intervalo, pero ese único dato —57 bpm— encendió el debate en redes y en la sala: ¿frialdad calculada o disociación psicótica?
Clancy no niega haber estrangulado a sus hijos de 5 años, 3 años y 8 meses. Su defensa apuesta a la inimputabilidad por enfermedad mental, argumentando que la madre no tenía control de sus actos. La fiscalía, en cambio, señala un patrón metódico: Clancy envió a su entonces esposo, Patrick Clancy, a buscar comida y medicación antes de actuar.
Lo que Whiffin también reveló son las búsquedas en los dispositivos de la acusada en los días previos. El 12 de enero: «cómo actúa el Wellbutrin contra la depresión». El 18 de enero: «ketamina para ideación suicida». El 19 de enero: «síntomas de psicosis posparto» y «síntomas de psicosis». Cuatro búsquedas. Cuatro señales que nadie procesó a tiempo.
El expediente médico es, en sí mismo, un documento alarmante. Según registros judiciales y reportes médicos citados en la fuente, Clancy recibió más de una docena de medicamentos tras el nacimiento de su tercer hijo: Zoloft, Ativan, Benadryl, trazodona, Prozac, Ambien, Remeron, Klonopin, Seroquel, Valium y amitriptilina, entre otros. El régimen cambió múltiples veces en el otoño e invierno de 2022. Varios de esos fármacos listan entre sus efectos secundarios agitación, insomnio, pensamientos suicidas, confusión y, en casos raros, síntomas psicóticos.
Tras matar a los niños, Clancy intentó suicidarse saltando desde una ventana del segundo piso y cortándose ambas muñecas. Quedó paralizada de la cintura para abajo.
El caso enfrenta a dos visiones del sistema: la de quienes ven a una madre que planeó y ejecutó tres homicidios con sangre fría, y la de quienes señalan a un aparato médico que recetó un cóctel de psicofármacos sin coordinación aparente hasta que fue demasiado tarde.
Contrafuego no toma partido sobre la culpabilidad —eso es tarea del jurado—, pero sí señala lo evidente: cuando el Estado y la burocracia médica acumulan prescripciones sin vigilancia real, las consecuencias las pagan los más vulnerables. Tres niños están muertos. Las preguntas sobre quién falló, y cuándo, merecen respuesta más allá del veredicto.
