La escena quedó grabada. Un grupo de manifestantes descolgó una bandera de Estados Unidos de un hotel cercano al Congreso. La prendieron fuego. Se oyeron gritos de «La Patria no se vende».
Eso ocurrió este jueves por la tarde en Buenos Aires. Adentro del Congreso se debatía la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Afuera, la cosa terminó en pedradas, corridas y camiones hidrantes.
Según fuentes policiales consultadas por La Nación, pasadas las 20 había 12 personas detenidas. Tres agentes —entre prefectos y gendarmes— fueron derivados al hospital Churruca. Recibieron pedradas en la cabeza. Una fotógrafa sufrió traumatismo de cráneo. Un camarógrafo recibió balas de goma.
El operativo desplegó 820 agentes de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. Antes de las 21, el Ministerio de Seguridad informó que tres manifestantes fueron detenidos por atentado y resistencia a la autoridad.
Los enfrentamientos se concentraron en varios puntos. En Rodríguez Peña y Rivadavia. En Yrigoyen y Solís. Un centenar de manifestantes bloqueó parcialmente la circulación en Ayacucho y Rivadavia con contenedores de basura.
La convocatoria la organizaron sindicatos, partidos opositores y movimientos sociales. Entre los presentes estuvo el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Las columnas gremiales y kirchneristas fueron mayoría, aunque la movilización estuvo lejos de ser masiva.
El diputado del Partido Socialista Esteban Paulón citó de urgencia a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para que explique el operativo policial.
Que no te lo cuenten. La izquierda y el kirchnerismo salieron a la calle a protestar contra una ley que protege la propiedad privada. El resultado: una bandera extranjera quemada, agentes hospitalizados y periodistas heridos. Eso es lo que defienden quienes gritan «La Patria no se vende» mientras destruyen lo ajeno.
El principio en juego es simple. El Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza. Usarlo para proteger el debate legislativo no es represión: es la condición mínima del orden. Lo que sí merece explicación es por qué, en Argentina, oponerse a la inviolabilidad de la propiedad privada se convirtió en causa de calle. Esa pregunta incomoda al relato. Por eso no la hacen.
