Piedmont, California. Once mil habitantes. Ciudad charter desde 1923. Escuelas que rinden, calles limpias, parques seguros y vecinos que se presentan a las reuniones municipales en lugar de gritar en redes sociales.
Eso, al parecer, es imperdonable.
Jesse Rosemoore, planificador de tránsito de Oakland, lleva más de un año vendiendo stickers de «CANCEL PIEDMONT» y camisetas a 10 dólares. Su argumento: Piedmont es demasiado exitosa, demasiado ordenada, demasiado próspera y —el horror— demasiado independiente.
Que no te lo cuenten. El problema no es que Piedmont haya fallado. El problema es que no ha fallado.
La ciudad tiene que cumplir los objetivos de vivienda de California —587 unidades en este ciclo, incluyendo unidades de bajos ingresos— igual que cualquier otra. No está por encima de la ley. Simplemente la cumple y además entrega resultados.
Piedmont lleva generaciones haciendo lo que la gente dice querer del gobierno: buenos servicios, orden, rendición de cuentas. Sus residentes eligen a sus propios líderes, votan sus propios impuestos y exigen cuentas a sus funcionarios. Eso se llama democracia local. La misma que Oakland, Berkeley o San Francisco ejercen sin que nadie les pida que se «cancelen».
Pero para la cancel crowd, la democracia solo vale cuando los votantes eligen el resultado «correcto». Si el resultado es una ciudad que funciona, entonces hay que demolerla desde el sillón de la ciudad vecina.
El propio Rosemoore admite que Oakland no tiene ninguna posibilidad realista de anexar Piedmont. Eso requeriría que los propios votantes de Piedmont lo aprobaran. Así que toda la campaña es teatro puro: stickers, eslóganes y superioridad moral sin el engorroso trabajo de gobernar.
Los valores altos de las propiedades no son un escándalo. Son la consecuencia natural de que la demanda crece cuando un lugar funciona. Lo mismo ocurre en Atherton, Hillsborough o Beverly Hills. El éxito es contagioso, y eso incomoda a quienes han convertido el fracaso en identidad política.
Aquí está el principio en juego: la autonomía municipal y la propiedad privada no son privilegios que el activismo vecinal pueda revocar por decreto moral. Familias, maestros, contribuyentes y voluntarios construyeron Piedmont con tiempo y dinero. No con magia ni con «cabales secretas de jardinería», como ironiza el comentarista Greenberg en el New York Post.
Contrafuego lo dice sin rodeos: una ciudad que entrega resultados no es un problema a erradicar. Es un modelo a estudiar. La campaña «cancel» no confunde resentimiento con reforma por accidente; lo hace por convicción ideológica. Cuando el libre mercado de ideas municipales produce un ganador visible, la respuesta del progresismo no es replicar el modelo sino atacar al ganador.
Tomen nota o déjenlos en paz. Pero no destruyan lo que funciona solo porque su existencia incomoda a quienes prefieren las excusas.
