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Régimen chavista recibe vuelo 167 con 191 deportados mientras sigue sin dar cuentas de los muertos del vuelo 164

El aparato chavista celebra su «protocolo de atención» con el vuelo recién llegado, pero el caso de los deportados que murieron en el terremoto de junio sigue sin esclarecerse.
Imagen ilustrativa
jueves 20 de agosto de 2026

Llegó. Aterrizó en Barcelona, estado Anzoátegui. La misión chavista «Gran Misión Vuelta a la Patria» anunció este miércoles 19 de agosto la llegada del vuelo número 167 procedente de Estados Unidos con 191 venezolanos deportados. El régimen lo presentó como una operación impecable: «Los atendemos como siempre con todo el mejor protocolo profesional de protección integral hasta llevarlos a sus casas», publicó el programa en sus redes sociales.

El relato se cayó solo antes de terminar de escribirse.

Mientras el chavismo exhibe el vuelo 167, el vuelo 164 sigue sin explicación oficial. Según la información referida en las fuentes, los pasajeros de ese vuelo —también deportados desde Estados Unidos— aterrizaron en el aeropuerto internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira, y fueron trasladados bajo custodia de funcionarios del régimen a un hotel, en lugar de ser enviados directamente a sus hogares. Minutos después de aterrizar, el 24 de junio, los devastadores terremotos sacudieron la zona. El inmueble colapsó. Los pasajeros murieron.

Nadie en el aparato estatal ha respondido públicamente por esa decisión: ¿quién ordenó llevarlos a un hotel? ¿Por qué no fueron enviados de inmediato con sus familias? El caso permanece, según la fuente, como «un episodio pendiente de esclarecimiento».

Esa es la doble vara del chavismo en una sola semana: comunicado triunfal para el vuelo 167, silencio administrativo para las víctimas del 164.

El contexto no es menor. Las deportaciones de venezolanos desde territorio estadounidense continúan, y cada vuelo que aterriza en Venezuela queda bajo control exclusivo de un régimen que no rinde cuentas a nadie: ni a los familiares de los fallecidos, ni a la prensa, ni a ningún organismo independiente.

Contrafuego lo dice sin eufemismos: cuando el Estado retiene a personas bajo su custodia y esas personas mueren por decisiones que ese mismo Estado tomó, la pregunta no es humanitaria, es penal. El traslado a un hotel en lugar de permitir la reunificación familiar inmediata no fue un accidente logístico; fue una decisión de funcionarios con nombre y cargo. Que esos funcionarios sigan sin ser identificados públicamente, mientras la burocracia chavista se fotografía recibiendo el vuelo siguiente con «protocolo profesional», dice todo lo que hay que saber sobre el precio real que pagan los venezolanos por vivir bajo este régimen.

Que no te lo cuenten.

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