El Ministerio de Transporte publicó este viernes 31 de julio los prepliegos de licitación para la construcción y operación del Regiotram del Norte, conocido también como el Tren de Zipaquirá. Con ese paso administrativo arranca formalmente la etapa de observaciones: ciudadanos, empresas, gremios y universidades podrán presentar comentarios antes de que se abra la licitación pública definitiva.
Según el comunicado oficial del Ministerio, el proyecto recorrerá 48,9 kilómetros y contará con 17 estaciones: 11 en Bogotá, una en Chía, tres en Cajicá y dos en Zipaquirá. El trazado busca conectar la capital con los municipios de la Sabana Norte y aliviar la presión vehicular sobre la autopista Norte y la carrera Séptima.
La factura es considerable. La inversión total estimada asciende a 17,3 billones de pesos. De esa cifra, la nación aportaría 14,16 billones y la Gobernación de Cundinamarca 3,19 billones, según el convenio de cofinanciación que la fuente oficial describe como firmado «el 7 de noviembre de 2025». Ese detalle merece subrayarse: la fecha citada literalmente en el comunicado del Ministerio es posterior a hoy, lo que genera una inconsistencia que las autoridades no han explicado públicamente. Contrafuego reproduce el dato tal como aparece en la fuente oficial y señala la anomalía.
El Ministerio precisó además que durante 2026 el Gobierno nacional incorporó recursos adicionales para garantizar el cierre financiero del sistema. La ministra de Transporte encabezó el anuncio junto al gobernador de Cundinamarca.
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Que el proyecto conecte la Sabana Norte con Bogotá tiene lógica de movilidad. Nadie discute que el corredor necesita alternativas al caos vehicular de la autopista Norte. El problema no es el tren: es la aritmética política que lo rodea.
Catorce billones largos de pesos del erario nacional para una obra cuyo convenio de cofinanciación trae una fecha que, según la fuente oficial misma, todavía no ha llegado. Eso no es un detalle menor: es exactamente el tipo de opacidad administrativa que convierte los megaproyectos de infraestructura en cajas negras para el contribuyente. Cuando los documentos oficiales no cuadran en lo más básico —una fecha— la pregunta obligada es qué más no cuadra. Que no te lo cuenten.
