Gabriel Esterelles renunció a la dirección de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Alegó «motivos personales». Pero la salida llega justo después de que La Libertad Avanza y sus aliados le recortaran las competencias al organismo.
Esterelles estaba desde 2023. Le quedaban dos años de mandato. Su reemplazo deberá salir de un concurso público.
La Comisión Bicameral que supervisa la OPC se reúne este lunes. La convoca el senador libertario Agustín Monteverde, con el diputado Alberto Benegas Lynch como vicepresidente. En la agenda: cerrar una auditoría interna, cambiar el reglamento y designar nuevos coordinadores en áreas clave.
El trasfondo importa. A mediados de junio, esa misma Comisión —controlada por LLA— resolvió que las áreas técnicas de la OPC ya no pueden emitir informes extraordinarios sin autorización previa. La medida frenó la capacidad del organismo para responder a pedidos urgentes de legisladores.
¿Por qué se movieron justo ahí? La OPC había publicado informes que contradecían las cifras del Ejecutivo. Eran sobre jubilaciones, discapacidad y financiamiento universitario. En todos los casos, el organismo calculó costos fiscales más bajos que los que difundía el Gobierno.
Esos números no se quedaron en el papel. En marzo, la Cámara Contencioso Administrativo Federal citó datos de la OPC para ordenarle al Ejecutivo cumplir «de manera inmediata» con la Ley de Financiamiento Universitario.
Ahora la maniobra se cierra a quince días de que el Poder Ejecutivo tenga que enviar al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027. Es, precisamente, el debate donde la OPC suele meter la cuchara con estimaciones propias.
La OPC existe desde 2016. Fue creada para que el Congreso tuviera un cálculo técnico e independiente sobre el costo fiscal de las leyes, la deuda y las cuentas públicas. Sus informes no son vinculantes. Pero funcionan como referencia obligada en cualquier debate presupuestario serio.
Acá está la paradoja. Un oficialismo que se vende como garante de la disciplina fiscal termina recortándole el margen al único organismo del Congreso que audita, con números propios, si esa disciplina es real o es relato. No hace falta ser kirchnerista para sospechar de un poder que se blinda del control técnico justo antes de la discusión presupuestaria más importante del año.
Que el ajuste sea genuino no depende de un comunicado. Depende de que alguien, con series de datos y sin bajada de línea, pueda contradecir al Ejecutivo sin que lo saquen del medio. Eso es lo que está en juego esta semana en la Bicameral.
