El distrito escolar de San Francisco tiene un problema legal. Y se lo buscó solo.
La Friends of Lowell Foundation presentó una demanda contra el San Francisco Unified School District (SFUSD). La acusación es concreta: los directivos del distrito violaron la Ley Brown de California. Esa ley obliga a las agencias gubernamentales a describir con claridad los temas que se votarán antes de cada reunión pública.
El 28 de abril, la junta escolar aprobó un nuevo currículo de estudios étnicos. Será obligatorio para todos los alumnos de preparatoria. Comenzará a exigirse a partir de la generación 2029. El problema no fue el voto. Fue cómo se llegó a él.
«Los padres nunca fueron informados, en lenguaje claro, de que el distrito estaba a punto de decidir qué se enseñaría a cada joven de catorce años en esta ciudad», señaló la organización en un comunicado citado por el SF Chronicle.
La fundación ya había actuado antes del juicio. Envió una carta formal exigiendo que el distrito revirtiera la decisión. El consejo escolar la ignoró. Entonces llegaron los abogados.
Ahora piden a un juez de la Corte Superior de California que anule el voto de abril. No atacan el contenido del curso. Atacan el proceso. Y esa distinción es importante: si el proceso es ilegal, el resultado también lo es.
Según el sitio web del SFUSD, el curso actual de noveno grado busca que los estudiantes «examinen conceptos como identidad, poder, creencias y cambio». Los métodos incluyen auto-etnografías, podcasting juvenil e investigación de acción. El nuevo curso sería de un año completo.
La Friends of Lowell Foundation defiende a la escuela Lowell High School y los programas académicos basados en mérito. No es un grupo cualquiera. Sabe lo que está en juego cuando el aparato burocrático decide sin rendir cuentas.
El debate en redes fue predecible. Algunos usuarios defendieron el curso. Otros dijeron que los padres no deberían opinar sobre el currículo. «Si no te gusta, muévete o pon a tus hijos en una escuela privada», escribió uno. Clásico.
Aquí está el principio en juego: el dinero de los contribuyentes financia estas escuelas. Los padres tienen derecho a saber qué se vota y cuándo. No es un capricho. Es la ley. Cuando la burocracia escolar esquiva ese control, no comete un error administrativo. Comete un acto de prepotencia.
San Francisco puede aprobar el currículo que quiera. Pero tiene que hacerlo a la luz del día. El relato de que «los profesionales saben mejor» no cancela la transparencia. La exige.
Que no te lo cuenten.
