Pedro Sánchez se reunió este lunes con diputados, senadores y eurodiputados socialistas para marcar el rumbo del nuevo curso parlamentario. La cita llega marcada por dos frentes que el propio PSOE no puede ocultar: la crisis migratoria en Ceuta y la incertidumbre sobre los Presupuestos Generales del Estado.
El curso arrancó con una comparecencia extraordinaria del propio Sánchez ante el Congreso, solicitada por él mismo, para explicar la llegada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio. No fue una comparecencia rutinaria: fue una respuesta forzada a una crisis que el Gobierno no pudo despachar con relato.
En paralelo, Sánchez insistirá ante sus parlamentarios en que hay que «seguir trabajando» porque, según remarcan en el PSOE, España avanza frente a una oposición «instalada en el no». Es la fórmula habitual: cuando faltan resultados, se recurre al adjetivo.
El caso más claro es el acuerdo aprobado el viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, calificado por el Ejecutivo como «histórico». El Gobierno defiende que el pacto es «objetivamente beneficioso» para todas las comunidades porque repartirá 20.975 millones de euros más.
Hay un detalle que el adjetivo «histórico» no puede tapar: el acuerdo solo fue apoyado por dos comunidades autónomas. El resto, al margen. Vender como consenso nacional lo que respaldan dos gobiernos regionales es, como mínimo, un ejercicio de relato antes que de aritmética política, y el pacto todavía necesita pasar por el Congreso.
Sobre los Presupuestos Generales del Estado, Sánchez ya insistió el 31 de agosto en que se presentarán y debatirán este año. Lo dijo a pesar de que la falta de apoyo de Junts impidió aprobar los objetivos de estabilidad, el paso previo obligatorio para construir cualquier presupuesto serio. Presupuestar sin objetivos de estabilidad aprobados no es planificación: es promesa de campaña interna.
La reunión también estuvo rodeada de incertidumbre sobre cuánto tiempo le queda a la legislatura. La oposición reclama elecciones ya. Sánchez insiste en que la agotará, aunque dejó una puerta abierta al mencionar posibles «adelantos técnicos» sobre la fecha límite del 23 de julio para disolver las Cortes. Ni siquiera él parece del todo convencido de su propio calendario.
Que no te lo cuenten como logro lo que es, en el mejor de los casos, un parche: una financiación autonómica que dos de diecisiete comunidades bendicen, y unos presupuestos que se anuncian sin tener siquiera los objetivos de estabilidad aprobados. El relato de la «España que avanza» choca, otra vez, con la aritmética parlamentaria que Sánchez no controla.
Mientras el Gobierno reparte millones de los contribuyentes con la etiqueta de «histórico», la realidad de Ceuta y de un Congreso sin mayoría sigue marcando la agenda. El aplauso interno de la bancada socialista no sustituye los votos que faltan en el hemiciclo.
