El senador Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata, anunció el jueves por la mañana la introducción de una ley para crear una nueva agencia federal llamada Anti-Corruption Bureau. Lo hizo durante el evento «Combating Corruption» organizado por Public Citizen.
Schumer calificó su propuesta como «la más grande, audaz y amplia jamás presentada para revitalizar nuestras instituciones anticorrupción». La agencia tendría poder de citación y podría investigar a la administración Trump incluso después de que el presidente deje el cargo.
El proyecto también permitiría a ciudadanos y fiscales generales estatales presentar demandas «para recuperar dinero robado al público a través de la corrupción gubernamental». Según Schumer: «Si Donald Trump o uno de sus lacayos, hijos o cómplices usa la influencia del gobierno para robarte, mereces tu día en los tribunales».
La nueva agencia estaría dirigida por siete miembros designados por el presidente y confirmados por el Senado. Para evitar sesgos, no más de tres miembros podrían pertenecer al mismo partido, y el séptimo sería no partidista.
El golpe burocrático mayor está en lo que desaparecería: según reportó The Washington Post antes del discurso, el Anti-Corruption Bureau absorbería y reemplazaría la Oficina de Ética Gubernamental, la Comisión Federal Electoral y la Oficina del Consejo Especial. Tres agencias existentes liquidadas para crear una cuarta.
El proyecto también prohibiría a presidentes, vicepresidentes, sus cónyuges e hijos adultos, y a otros altos funcionarios, aceptar regalos por más de 50.000 dólares.
El discurso no estuvo exento de drama: un manifestante interrumpió a Schumer llamándolo «maniaco genocida», en lo que se convirtió en uno de los momentos más virales de la jornada.
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Que no te lo cuenten. La propuesta de Schumer tiene un problema de origen que ningún comunicado de prensa puede ocultar: consolida poder en una agencia nueva con siete miembros designados por el mismo ejecutivo al que supuestamente debe vigilar. Es la lógica del zorro cuidando el gallinero, pero con logo institucional y presupuesto propio.
Más revelador aún: en lugar de reformar las agencias existentes, el proyecto las elimina para crear una sola con más atribuciones concentradas. Eso no es combatir la burocracia; es multiplicarla bajo otro nombre. El aparato estatal crece, los contribuyentes pagan la cuenta, y el resultado práctico depende enteramente de quién controle los siete asientos. El relato anticorrupción se sostiene en el titular. Los detalles cuentan otra historia.
