El Senado de la República aprobó con 96 votos a favor una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para reforzar las medidas contra el acoso telefónico comercial y publicitario.
La propuesta busca que las empresas respeten la decisión de quienes no quieran recibir este tipo de comunicaciones. Ahora deberá seguir su proceso legislativo en la Cámara de Diputados.
El dictamen modifica los artículos 18 Bis y 127 de la ley. También contempla la creación de un Registro Público contra el Acoso Telefónico Comercial. Las personas podrán inscribirse de manera gratuita si no desean recibir publicidad mediante llamadas telefónicas.
De acuerdo con la reforma, los proveedores y empresas que usen información de los consumidores con fines comerciales o publicitarios no podrán realizar llamadas telefónicas, ni contactar mediante otros medios no autorizados, de manera reiterada y persistente.
El Senado destacó que el problema no es la falta de un registro, sino la ausencia de consecuencias punitivas que desincentiven de manera efectiva esta práctica. Por eso, el dictamen incluye multas de 56 mil 570 pesos hasta 2 millones 345 mil 728.71 pesos para quienes incurran en las conductas sancionadas.
Las compañías tampoco podrán deslindarse de responsabilidad diciendo que las llamadas fueron hechas por terceros.
La iniciativa fue promovida por la senadora panista Mayuli Latifa Martínez Simón, quien señaló que el objetivo es proteger la privacidad de los consumidores y que puedan negarse a recibir publicidad por este medio.
En la propuesta se afirma que México se ubica entre los cinco países en el mundo con mayor número de llamadas no deseadas, con un promedio de 20 a 25 contactos spam por usuario al mes. Los legisladores también señalaron que esta práctica no solo es una molestia, sino un factor de vulnerabilidad ante estafas y una intrusión directa a la privacidad y la vida personal.
Desde esta redacción, el fondo del asunto es claro: cuando el aparato estatal por fin reconoce que hay abusos repetidos, el costo debe caer sobre quien invade la privacidad, no sobre el ciudadano que contesta su teléfono. Esa es la diferencia entre defender al consumidor y dejarlo a merced de la burocracia comercial.
Otra vez la doble vara queda expuesta. Durante años se toleró el bombardeo de llamadas como si fuera una simple incomodidad de mercado. Ahora el Senado admite que hacía falta castigo. Que no te lo cuenten: si la reforma se aprueba en Diputados, el mensaje será simple. La libre empresa no incluye acosar a la gente para venderle lo que nunca pidió.
