El Senado culminó la tramitación del proyecto de ley sobre Reglas de Uso de la Fuerza para Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública. La votación fue de 29 a favor, 15 en contra y una abstención.
La iniciativa había sido presentada por el gobierno del expresidente Gabriel Boric y luego fue recogida por el gobierno de José Antonio Kast para incluirla en su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo.
Aunque gran parte de las normas venía de un acuerdo transversal, desde el Frente Amplio hasta el Partido Republicano, el comité de senadores del Partido Socialista se desmarcó y votó en contra del paquete despachado por la comisión mixta.
La sorpresa fue mayor porque los diputados del PS sí respaldaron lo aprobado por la mixta. Allí estuvo el jefe de bancada del partido, Juan Luis Castro.
En el Ministerio de Seguridad atribuyeron el giro a la postura de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien dijo que la mixta no logró «disminuir al máximo la posibilidad de abuso de la fuerza».
Vodanovic añadió que el proyecto «no sólo permite el empleo de fuerza letal cuando no hay peligro para la vida, sino que incluso señala que se debe utilizar para hacer cumplir órdenes judiciales».
Tras esa intervención, prácticamente todos los senadores del partido votaron en contra, salvo Fidel Espinoza, que se abstuvo.
Pese a ese desmarque, la aprobación del último trámite no tuvo complicaciones. Solo requería mayoría simple de los presentes. Con eso, ambas ramas del Congreso visaron los artículos y el proyecto quedó listo para su promulgación.
Kast valoró la aprobación y emplazó a quienes votaron en contra. Agradeció a la Cámara de Diputados y recordó que 111 diputados votaron a favor de las Reglas del Uso de la Fuerza. También dijo que espera que quienes rechazaron la iniciativa reconsideren, porque esas leyes son importantes para darle seguridad a las policías y a las Fuerzas Armadas.
El fondo del asunto es simple. Cuando el Estado necesita reglas claras para respaldar a quienes enfrentan el crimen, la burocracia partidaria vuelve a mirar hacia otro lado. Otra vez la doble vara: se exige orden, pero se castiga a las instituciones que deben hacerlo posible.
Aquí no hay misterio ideológico. Hay una decisión política que favorece a la seguridad pública o la debilita. Y esta vez el Congreso, con todo y sus resistencias, terminó empujando una herramienta que el país necesita para recuperar orden y autoridad.
