Hace una semana, el Senado de la República votó a favor de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales. La columna señala que esa votación fue «un hecho histórico» en favor de la ecología y del respeto a tradiciones como la tauromaquia.
La pieza sostiene que la ley no prohíbe la tauromaquia. También afirma que deja su regulación en manos de los congresos estatales. En ese marco, la mantiene como una actividad lícita, apegada a la legalidad mexicana.
El texto celebra que la tauromaquia pueda tener «otros 500 años de vida en México». Dice además que los ganaderos de toros de lidia, agrupados en la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia, tienen 259 ganaderías en 24 estados. Según la columna, también mantienen más de 170 mil hectáreas en equilibrio natural.
La pieza añade que el hato ganadero de lidia está formado por aproximadamente 118 mil cabezas. Afirma que alrededor del 7% llega a las plazas de toros. Y sostiene que en México se celebran cada año 4,686 festejos taurinos en 1,137 localidades de 669 municipios.
También dice que esta industria mueve anualmente alrededor de 9 mil millones de pesos, de manera lícita, pagando impuestos y generando economía. Ese es el dato político de fondo: no solo se discute una tradición, sino una actividad con impacto económico y con una base social que sus defensores presentan como amplia.
La columna acusa a «hordas prohibicionistas» financiadas por entes extranjeros de meter injerencia en los intereses nacionales. Esa es su lectura. Y desde ahí pide que la Cámara de Diputados repita el criterio del Senado.
Que no te lo cuenten. Aquí la pelea no es solo por los toros. Es por quién decide sobre la vida cultural y económica de México: el aparato estatal central o los estados. Otra vez la doble vara. Cuando el intervencionismo viene disfrazado de moral ecológica, la libertad termina pagando la factura.
