El senador Chris Murphy (D-CT) presentó la llamada Living Wage For All Act junto con aliados en el Congreso. La propuesta elevaría el salario mínimo federal de los actuales 7,25 dólares por hora —congelado desde 2009— a 25 dólares, mediante una implementación gradual en varios años.
«Si trabajas tiempo completo en este país, deberías poder permitirte vivir», declaró Murphy. El senador argumentó que los salarios actuales obligan a padres de familia a trabajar 60 horas semanales sin garantizar siquiera el dinero del almuerzo escolar de sus hijos.
El problema es que los números no acompañan el relato.
El Employment Policies Institute (EPI), con base en modelos del Congressional Budget Office (CBO), estima que un salario mínimo federal de 25 dólares costaría al país aproximadamente 5,01 millones de empleos. Los sectores más golpeados serían la hostelería, el comercio minorista, los servicios de alimentación, los trabajadores con propinas y los empleados de primer ingreso, incluidos los adolescentes.
La geografía importa, y mucho. Los mercados laborales varían enormemente entre estados: una tarifa uniforme nacional golpearía con fuerza desproporcionada a las regiones con menor costo de vida, donde los márgenes de los negocios locales son más estrechos.
Las grandes corporaciones podrían absorber el impacto acelerando la automatización —es decir, reemplazando trabajadores con máquinas—. La pequeña y mediana empresa no tiene ese lujo. Según el análisis del EPI, muchos negocios de calle se verían obligados a cerrar definitivamente, mientras otros recortarían horas, eliminarían beneficios de salud y retiro, o simplemente dejarían de contratar.
Hay otro efecto que la propuesta ignora: la inflación. Al subir los costos laborales, las empresas trasladan esa carga al precio final del producto. Cualquier ganancia salarial que obtengan los trabajadores que conserven su empleo quedaría neutralizada por el encarecimiento del costo de vida, perjudicando precisamente a los hogares de menores ingresos que la ley dice proteger.
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Que no te lo cuenten. Esta propuesta no es una política de bienestar: es un experimento ideológico que usa a los trabajadores más vulnerables como conejillos de indias. El aparato progresista vende la medida como justicia social; el modelo económico la devuelve como destrucción de empleo masiva y presión inflacionaria sobre quienes menos pueden absorberla.
La libre empresa no necesita que el Estado le fije precios al trabajo desde Washington. Necesita mercados que funcionen, regulación razonable y estabilidad. Lo que Murphy propone es lo contrario: una intervención federal que, según la evidencia de tres décadas citada por el propio EPI, reduce el empleo. El relato se cayó solo.
