El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, cuestionó el proyecto de reforma constitucional que crea un nuevo estado de excepción. Lo dijo sin rodeos en Radio Agricultura: «No podemos a cambio de vender humo en materia de seguridad, trastocar la democracia».
Flores fue más allá. Pidió que el Gobierno retire la iniciativa. La calificó de «adefesio» desde el punto de vista legislativo. Y la definió como «una ofensa» al espíritu democrático de los partidos y a lo que espera la ciudadanía.
Según el senador, la versión original del proyecto «era un absurdo total». Tan grave, dice, que «incluso preocupó a las propias fuerzas armadas». La razón: entregaba al Presidente atribuciones para «hacer lo que quiera». Un esquema, dijo, similar a un estado de sitio o a una condición de guerra. «Eso es inaceptable», remató. «No es así como se puede combatir al crimen organizado».
Flores no niega el problema. Reconoce las amenazas contra alcaldes y los pedidos de presencia militar en las calles. Pero duda que las Fuerzas Armadas sean, por sí solas, la respuesta. «Tendrían un tremendo riesgo si son llamadas a hacer ese trabajo», advirtió. «No están preparadas para aquello». Habría que cambiar, dijo, «armamento de guerra por armamento de cintura».
También cuestionó si existe el número de soldados necesario. «Los soldados que tenemos no corresponde a la capacidad instalada que tenemos», afirmó. Y lanzó la pregunta de fondo: ¿se resuelve el problema con las Fuerzas Armadas en la calle, o mejorando la inteligencia para penetrar las organizaciones criminales «antes» de que actúen?
El senador apuntó además a otro frente. Los proyectos de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y de infraestructura crítica llevan años estancados en el Congreso. «Esos dos proyectos debieron haber salido hace varios años», dijo. Y explicó por qué: solo el Gobierno puede ponerles urgencia legislativa. Si no lo hace, «ese proyecto va quedando atrás, por importante que nos parezca». Ahora, dijo, «por fin le pusieron urgencia».
Que no te lo cuenten como coherencia de Estado. Un Gobierno que reclama poderes casi de guerra para el Presidente es el mismo que dejó dormir durante años las leyes que de verdad protegen a policías y militares en terreno. Eso no es estrategia de seguridad: es relato.
La doble vara queda a la vista. Se exige a las Fuerzas Armadas salir a la calle sin el armamento adecuado, sin los efectivos suficientes y sin marco legal claro para actuar. Mientras tanto, se pide ampliar de golpe el poder del Ejecutivo. El orden público no se construye con atribuciones extraordinarias improvisadas. Se construye con leyes serias, aprobadas a tiempo y con instituciones respaldadas, no sacrificadas al cálculo político del momento.
