El senador del PAN Agustín Dorantes Lambarri lo confirmó. Natalia Torres, la abogada que propone un examen obligatorio para poder votar, sí ha colaborado con él. «Sí es cierto que ha colaborado conmigo en ciertas cosas de forma voluntaria», dijo en entrevista.
Dorantes aclaró que Torres no figura en la nómina del Senado ni del partido. Tampoco la describió como asesora externa. «No le he pagado en ningún momento», afirmó.
El vínculo importa porque Torres no es una voz anónima en redes. Es una abogada influencer que planteó, en un podcast, que el voto debería condicionarse a conocimientos mínimos sobre el Estado. Su argumento: no puede valer lo mismo el voto de alguien con maestría o doctorado que el de quien apenas cumplió 18 años.
La propuesta, según sus propias palabras, es que «solo tengas derecho al voto si tienes el conocimiento mínimo de lo que hace el Estado». Después la comparó con un examen de manejo: sesiones informativas obligatorias antes de tramitar la credencial ante el INE.
Dorantes se desmarcó del fondo. «Sobre los comentarios que hizo Natalia son personales, le atañen a ella», dijo. Reconoció que pueden coincidir o no en posturas. Subrayó que el derecho a opinar es importante.
La polémica llegó igual. La oposición y el oficialismo ya convirtieron la propuesta de Torres en munición política. El relato se armó solo.
Aquí el punto de fondo que nadie quiere debatir en serio: la propuesta de Torres toca un nervio real. El sistema educativo mexicano lleva décadas fallando. El Estado gasta fortunas en él. Los resultados están a la vista. Esa brecha existe. Condicionarle el voto al ciudadano, sin embargo, no es la respuesta. Es castigar al de abajo por el fracaso del aparato estatal de arriba.
Lo que sí merece pregunta directa es otra cosa. ¿Por qué una persona que colabora «de forma voluntaria» con un senador en activo no tiene ningún tipo de registro formal? La burocracia exige papeles para todo. Menos, al parecer, para esto. Que no te lo cuenten.
