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Senadora de Morena investigada por el Departamento de Justicia de EU busca convertirse en testigo colaborador

Julieta Ramírez, senadora con licencia por Baja California y aspirante a gobernadora, negocia un acuerdo con la fiscalía estadounidense. El oficialismo guarda silencio.
Imagen generada con IA
martes 8 de septiembre de 2026

El relato se cayó solo.

Julieta Ramírez, senadora con licencia de Morena por Baja California, es investigada por el gobierno de Estados Unidos. Según reporta N+, ella busca convertirse en testigo colaborador del Departamento de Justicia.

Los periodistas Alejandra Barriguete y Luis Villegas, de la unidad N+ Focus, tuvieron acceso a un proffer agreement. El documento fue suscrito entre la Oficina del Condado de San Diego del Departamento de Justicia y la senadora morenista.

Un proffer agreement es un contrato escrito entre un fiscal y la parte investigada. Permite entregar información sobre un delito. A cambio, el Departamento de Justicia no usa esa declaración directamente en contra del firmante en un juicio.

La nota de N+ no especifica sobre qué delito o delitos podría ser investigada Ramírez. Tampoco recoge una postura de la senadora sobre el tema.

El contexto no es menor. En enero de este año, Ramírez negó a través de sus redes sociales el retiro de su visa para ingresar a Estados Unidos. En julio, la dirigencia estatal del PAN en Baja California ratificó una denuncia penal contra ella. Los cargos: actos anticipados de campaña y otros posibles ilícitos relacionados con propaganda política.

Ramírez pidió licencia al Senado para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Baja California. Es decir: aspira a gobernar un estado fronterizo mientras negocia con una fiscalía extranjera.

Hasta el cierre de esta nota, ni la senadora ni Morena han emitido declaración pública sobre el reporte.

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Que no te lo cuenten. Una figura del partido en el poder, aspirante a una gubernatura estratégica en la frontera norte, aparece en documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. No es un rumor de pasillo. Es un proffer agreement con nombre y sello.

La burocracia del oficialismo lleva meses vendiendo soberanía frente a Washington. Mientras tanto, una de sus senadoras negocia en silencio con la fiscalía estadounidense. Esa es la doble vara que define al régimen: discurso antiimperialista para las cámaras, acuerdos discretos para los propios.

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