Siete senadores presentaron este miércoles la Bancada por el Indulto General. El objetivo es acelerar la tramitación del Boletín N.º 18.423-07. La iniciativa concede un indulto a integrantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI y Gendarmería por hechos ocurridos desde el 18 de octubre de 2019.
Los senadores confirmados son Alejandro Kusanovic (independiente), Camila Flores (RN), Cristián Vial (Partido Republicano), Rodolfo Carter (Ind. P. Rep.), Ignacio Urrutia (Partido Republicano), Vanessa Kaiser (PNL) y Carlos Kuschel (RN). También buscarán promover la participación del gobierno del presidente José Antonio Kast en la discusión.
El proyecto alcanza a funcionarios activos y en retiro. También cubre a civiles que, según el texto, colaboraron en la protección de infraestructura pública o privada o actuaron en legítima defensa de terceros durante ese período.
Las consecuencias son concretas. Quienes ya tengan condenas firmes verían extinguidas sus penas privativas o restrictivas de libertad y las multas aplicadas. Quienes aún enfrentan procesos penales obtendrían el sobreseimiento definitivo y el levantamiento inmediato de las medidas cautelares.
El proyecto va más lejos. Propone dejar sin efecto sanciones administrativas, anotaciones disciplinarias y bajas institucionales. Cuando corresponda, permitiría la reincorporación de los funcionarios y el pago de las remuneraciones que dejaron de percibir.
El texto del boletín describe lo ocurrido desde octubre de 2019 como «una grave alteración del orden público» que obligó al Estado a recurrir a estados de excepción constitucional. Califica el proceso judicial posterior como «persecución judicial desproporcionada» contra funcionarios que «actuaron en cumplimiento de órdenes impartidas por la autoridad civil y en un contexto de alta violencia».
Aquí está el nudo del debate. Durante años, el relato dominante presentó al estallido como un levantamiento popular legítimo y a los uniformados procesados como perpetradores. El proyecto invierte ese marco: los sitúa como servidores del Estado que cumplieron órdenes en una emergencia real y que luego pagaron un costo judicial que sus superiores civiles no pagaron. Esa asimetría es la que la bancada quiere corregir.
El principio en juego es básico. Un Estado que no protege a quienes le ordena actuar manda un mensaje claro a sus propias instituciones. Ningún policía, ningún soldado, puede operar con eficacia si sabe que la orden de hoy es la condena de mañana. Que no te lo cuenten.
