La confirmación de Todd Blanche como fiscal general permanente de Estados Unidos chocó esta semana con una resistencia inesperada: la de los propios republicanos. Los senadores John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, frenaron la votación del Comité Judicial del Senado y exigieron garantías escritas antes de dar su respaldo.
«No estoy dispuesto a votar a favor sin un acuerdo», dijo Cornyn a los periodistas, según CBS News. El Comité Judicial pospuso la votación mientras el equipo de nominación busca los votos suficientes para emitir un dictamen favorable.
El centro del conflicto es un fondo de aproximadamente US$1.800 millones incluido en un acuerdo de conciliación vinculado con una demanda de Donald Trump contra el IRS y el Departamento del Tesoro. Ese mecanismo había sido concebido para compensar a personas que alegaran haber sufrido persecución política o uso indebido de las instituciones judiciales, incluyendo participantes del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Blanche sostuvo durante su proceso de confirmación que el fondo ya no existe y que nunca se produjo transferencia de dinero del Tesoro. Cornyn consideró esa explicación insuficiente. Según el senador, el acuerdo original exige que cualquier modificación quede formalizada con la firma de las partes. «No he visto ni un solo texto que responda a lo que he solicitado», declaró, según NBC News.
Tillis apuntó en la misma dirección: «Si los abogados del presidente son las partes del acuerdo y lo firman, podemos seguir adelante».
Cornyn también quiere acotar otra disposición del mismo acuerdo: una cláusula que protegería a Trump, integrantes de su familia y sus empresas frente a determinadas auditorías fiscales. El senador exige saber con precisión qué organismos federales quedan comprendidos en esa protección y pretende reducir su alcance.
El Departamento de Justicia envió propuestas y nuevas versiones de documentos para intentar desbloquear la situación, pero Cornyn señaló que las respuestas recibidas no respondieron de manera eficiente a sus planteos. Un funcionario del DOJ indicó que esperan «seguir dialogando sobre cualquier inquietud pendiente», según NBC News.
Trump atribuyó la posición de Cornyn a las primarias de Texas, donde el presidente apoyó públicamente a Ken Paxton, quien finalmente ganó contra Cornyn. «Esa es una excusa conveniente, y resulta que no es cierta», respondió el senador.
Si la nominación no supera el comité, el DOJ podría continuar bajo conducción interina o Trump tendría que presentar un nuevo candidato.
Que no te lo cuenten. Lo relevante aquí no es el drama de confirmación, sino la pregunta de fondo: ¿por qué un acuerdo judicial entre el gobierno y el IRS contemplaba un fondo de US$1.800 millones para compensar a personas que alegaran lawfare? Cornyn no está obstruyendo al presidente; está exigiendo que los compromisos jurídicos queden en papel, no en declaraciones orales ante un comité. Eso se llama estado de derecho, y es exactamente lo que el aparato ejecutivo debería abrazar sin resistencia. La burocracia que demora los documentos dice más que cualquier testimonio jurado.
