La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio. Morena quiere dictaminarla en septiembre. La oposición pide parar el entusiasmo.
La senadora priista Carolina Viggiano Austria fue directa. El problema no es la falta de leyes. Es la incapacidad institucional para investigar y sancionar. Señaló que los ministerios públicos están rebasados, mal pagados y sin preparación suficiente. Su diagnóstico no tiene vuelta de hoja: «Puedes poner 100 años o 70 años de prisión, pero si nunca logras investigar ni sentenciar a los responsables, lo que pongas simplemente es propaganda».
Viggiano Austria exigió tecnología para las fiscalías, policías investigadores especializados y perspectiva de género real en la impartición de justicia. Dijo que revisará la iniciativa antes de fijar posición definitiva. Pero ya anticipó que impulsará cambios enfocados en las causas estructurales de la impunidad.
Desde el PAN, la vicecoordinadora Mayuli Latifa Martínez pidió análisis riguroso. Recordó que antes de cada feminicidio suele existir una cadena de agresiones previas: violencia familiar, psicológica, física y económica. Señaló que la dependencia económica atrapa a muchas víctimas. Y advirtió que crear normas sin garantías de justicia pronta no detiene el delito.
Morena celebró la iniciativa. La senadora Verónica Camino Farjat explicó que hoy cada estado tipifica el feminicidio de forma distinta. Esa fragmentación, dijo, puede beneficiar a los responsables cuando los casos cruzan entidades. Una ley general obligaría a homologar criterios en todo el país. Adelantó que las comisiones podrían comenzar el análisis incluso antes del inicio formal del periodo ordinario.
El relato oficial vende la iniciativa como conquista histórica. Los hechos cuentan otra historia. México lleva décadas acumulando leyes sobre violencia de género. El aparato de justicia local sigue sin capacidad real de investigación. Más tipificaciones no llenan ese hueco. Lo que falta no es texto legal: es voluntad para reformar fiscalías, pagar bien a los ministerios públicos y exigir resultados concretos.
Eso requiere decisiones incómodas para el oficialismo. Requiere admitir que el Estado falló en lo básico. Una ley general puede ser un paso útil si viene acompañada de recursos, rendición de cuentas y métricas claras. Sin eso, es exactamente lo que dijo Viggiano Austria: propaganda con fecha de vencimiento.
