El 3 de agosto, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el puerto de entrada de San Ysidro, San Diego, detuvieron a un ciudadano mexicano de 22 años que ingresaba a Estados Unidos en un moped eléctrico marca Revoo 2024. El sistema de imagen no invasiva arrojó una lectura anómala del vehículo. Llamaron a una unidad canina. Lo que encontraron no dejaba lugar a dudas.
Siete paquetes de polvo blanco de fentanilo, con un peso total de 16,53 libras y un valor de 238.032 dólares, estaban escondidos bajo el asiento trasero del moped. Los agentes también incautaron el vehículo, un rastreador GPS y un teléfono celular. El hombre fue arrestado en el lugar y enfrenta cargos federales por importación ilegal de narcóticos.
«Los contrabandistas están empleando tácticas innovadoras para introducir drogas letales al país», declaró Mariza Marin, directora del puerto de San Ysidro, en un comunicado oficial. Marin añadió que, pese a los desafíos, los agentes «utilizan su entrenamiento, recursos caninos y tecnología no intrusiva para frustrar estos intentos de contrabando».
El caso ilustra una realidad que la burocracia prefiere minimizar: el fentanilo no llega en cargamentos industriales que nadie puede esconder; llega bajo el asiento de un scooter, en cantidades que bastan para matar a miles de personas. 16 libras de polvo blanco. 238.032 dólares. Un solo vehículo. Un solo cruce.
Desde Contrafuego lo señalamos sin adornos: cada decomiso exitoso es la prueba de que la tecnología, el entrenamiento y los perros detectores funcionan cuando se les deja trabajar. Y cada cargamento que sí cruza —porque no todos los detienen— es el costo real de cualquier política que privilegie el flujo sobre el control. El aparato estatal tiene los instrumentos. La pregunta es si tiene la voluntad política de usarlos de forma sistemática. Que no te lo cuenten.
