El sistema frontal que golpeó al Norte Chico dejó una factura pesada que el aparato estatal todavía no termina de pagar. Este miércoles, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, ofreció un balance desde la sede del Senapred con noticias mixtas: conectividad parcialmente restaurada, pero servicios básicos aún en crisis para decenas de miles de chilenos.
Lo positivo primero: quedaron habilitados mecanismos de conectividad de emergencia entre Vallenar, Freirina y Huasco, lo que —según Pavez— «significa una muy buena noticia para poder asegurar el abastecimiento en dichos centros urbanos». También se reconectaron todas las comunas de la Región de Coquimbo, incluyendo Paihuano, Andacollo y Vicuña, que presentaban las mayores dificultades de acceso.
Pero la conectividad vial no resuelve el problema del grifo cerrado. Vallenar y Huasco continúan con interrupciones en el suministro de agua potable. La respuesta del Estado: 14 estanques instalados en cada ciudad. Andacollo, por su parte, sigue sin servicio mientras se evalúan los daños en la infraestructura. En la conurbación La Serena-Coquimbo, la solución anunciada es escalar de 36 a 50 los camiones aljibe disponibles y llegar a 200 puntos de entrega. En Ovalle, la promesa es que desde este jueves el 50% de la ciudad tendrá agua —no potable, sino para «fines sanitarios»— y que al día siguiente se extendería a toda la comuna.
En materia eléctrica, los números hablan solos. En la Región de Valparaíso permanecen 9.549 clientes sin suministro, cerca de 2.000 de ellos acumulando más de 72 horas sin luz. En la Región de Coquimbo la situación es peor: 21.450 clientes sin energía eléctrica, aunque el número de afectados por cortes superiores a 72 horas bajó de cerca de 13.500 a 7.174.
Que no te lo cuenten. Lo que el balance oficial presenta como «avances» es, en realidad, la fotografía de una infraestructura crítica que no resistió un evento climático severo y de una burocracia que llega con estanques y camiones aljibe donde debería haber redes robustas. Las familias de Vallenar, Andacollo u Ovalle no necesitan más funcionarios frente a un micrófono: necesitan agua potable en el caño y luz en el enchufe.
El principio en juego es simple: el Estado cobra impuestos y tarifas prometiendo servicios básicos garantizados. Cuando falla, la cuenta la pagan los ciudadanos con incomodidad, riesgo sanitario y pérdidas económicas. Exigir rendición de cuentas real —no balances de gestión con cifras que bajan pero no llegan a cero— no es cinismo. Es lo mínimo que merece quien paga la factura.
