El sistema frontal que azota Chile concentra ahora su furia en las regiones de Atacama y Coquimbo. Según el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el balance oficial al cierre de la jornada del domingo registra cinco fallecidos, 1.950 damnificados, 1.091 albergados y 33.246 aislados. Otros 14 lesionados se contabilizan entre Atacama y La Araucanía.
Los daños materiales son elocuentes: 34 viviendas destruidas, 1.087 con daño mayor y 14.447 con daño menor. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) reportó al menos 42 cortes de rutas por activación de quebradas y esteros solo en Coquimbo. En Ovalle, las precipitaciones causaron daños intensos en cinco de los siete pabellones del hospital comunal. El país llegó a un peak de 219.392 clientes sin luz, con la Región de Valparaíso encabezando el corte con más de 100 mil hogares afectados.
En materia hídrica, la estación de Cerro Tololo registró hasta 214 milímetros de lluvia. La Serena superó en un 38% su promedio anual de precipitaciones. Ovalle acumuló 122,6 mm y Salamanca, 197 mm. Aguas del Valle cortó el suministro en sectores de La Serena y Coquimbo por turbiedad.
Pese al cuadro, el Ejecutivo descartó decretar estado de catástrofe, argumentando que las lluvias deberían ceder desde este lunes. La presión, sin embargo, llega de todos los flancos. El alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, cercano al Partido Socialista, advirtió que los cerca de $2 mil millones de pesos del presupuesto regional «no alcanzan ni para reponer uno de los puentes caídos». Exigió activar el 2% constitucional para liberar «recursos frescos desde el gobierno central». El senador Matías Walker (independiente) y el diputado Marco Antonio Sulantay (UDI) presentaron oficios en el mismo sentido, apuntando a la necesidad de coordinar fuerzas militares y flexibilizar compras públicas.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, reconoció que Valparaíso «fue especialmente afectada», aunque el foco de la emergencia se desplazó hacia el norte.
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Que alcaldes de izquierda y diputados de derecha coincidan en la misma exigencia dice algo: cuando el Estado falla en lo básico —rutas, hospitales, agua, luz—, el color político sobra. El problema de fondo no es si se declara o no el estado de catástrofe; es que los presupuestos regionales son tan raquíticos que dos mil millones de pesos no alcanzan para un puente. Eso no es mala suerte climática: es el resultado de años de centralismo fiscal que deja a las comunas sin herramientas propias para responder.
La burocracia central decide, las regiones pagan el costo. Que no te lo cuenten.
