Social Security es el clásico «tercer riel» de la política estadounidense: tocarlo puede costar una carrera. Pero la realidad financiera no negocia con el miedo electoral. La fuente sostiene que no hay debate sobre si el programa federal de retiro va hacia la insolvencia; eso sería inevitable.
La parálisis, dice la fuente, ha sido política. El programa saca dinero de cada cheque de pago en Estados Unidos, y ni republicanos ni demócratas parecen dispuestos a cargar con la culpa cuando todo reviente. El resultado es una Washington que, en vez de corregir el rumbo, planea mirar cómo el tren sale de las vías.
La última figura que hizo de la reforma de Social Security una bandera fue George W. Bush. En su discurso sobre el Estado de la Unión de 2004, propuso que los trabajadores jóvenes pudieran apartar parte de sus impuestos de Social Security en una cuenta personal de retiro. Bush dijo que el sistema debía convertirse en una fuente de «propiedad para el pueblo estadounidense». Luego repitió la idea como parte de su campaña de reelección, bajo el lema de una «sociedad de propiedad».
La reacción fue feroz, pero la fuente insiste en que no fue un suicidio político. Bush ganó la elección y arrancó su segundo mandato decidido a gastar capital político en salvar el programa. En 2005 volvió a defender las cuentas personales voluntarias como la mejor forma de ofrecer un mejor trato a los trabajadores jóvenes.
Los números de opinión muestran que el país entendía el problema. En marzo de 2005, Gallup registró que 92% de los estadounidenses estaban preocupados por Social Security. Un año después, la cifra subió a 94%. Este marzo, seguían en 90%.
Pese a ese respaldo de preocupación, la reforma no avanzó. La fuente atribuye el bloqueo a la maquinaria legislativa, a Harry Reid y al dinero de grupos de interés, además del desgaste político de Bush tras Katrina y la impopularidad de las guerras en Medio Oriente. El costo de no actuar quedó intacto; el sistema siguió sin arreglarse.
El fondo de todo esto es simple: cuando el aparato estatal promete más de lo que puede sostener, la factura termina en la nómina de los trabajadores jóvenes. Esa es la hipocresía central del modelo: se protege un esquema roto mientras se le roba tiempo y dinero a quien todavía no llega a jubilarse.
Que no te lo cuenten: el problema no es técnico, es moral y político. Si una reforma razonable asusta más que la insolvencia, entonces la burocracia ya ganó. Y cuando los cheques no alcancen, el relato no pagará las cuentas.
