El borrador llegó a la prensa y encendió el Senado. El gobierno de Chile prepara una reforma constitucional como parte de su agenda de seguridad. La pieza más polémica: un nuevo artículo 9 bis que inhabilitaría a condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico para acceder a «cualquier prestación financiada con recursos estatales» durante su condena y por 15 años posteriores.
El senador Walker fue el primero en saltar. Habló con CNN Chile. Dijo esperar que el borrador «quede en eso, solamente un borrador». Su argumento: Chile ya vivió dos procesos constituyentes fallidos. Cambiar la Constitución no persigue al crimen organizado. Lo que falta, según él, son herramientas legales concretas: infraestructura crítica, policía fronteriza, cumplimiento diferenciado de penas.
Walker citó la operación Cancerbero, desplegada ese mismo jueves. La usó como prueba. «Demostró que no se precisa cambiar la Constitución para perseguir y aislar al crimen organizado», escribió en X. Las leyes vigentes, dijo, ya permiten técnicas especiales de investigación y comiso de bienes.
Squella no esperó. Respondió desde la misma plataforma. «Los buenismos nos tienen en la condición en la que estamos hoy», disparó. Emplazó a quienes se oponen a recordar «a los miles de víctimas y millones de personas que viven bajo la angustia de la inseguridad». Luego subió la apuesta: «El dilema es binario. Se enfrenta con toda la fuerza letal de policías y militares a las bandas criminales, o en cinco años no habrá vuelta».
Walker cerró el cruce con una frase que resume su postura: «No es buenismo, es hacer las cosas bien, con gente que sepa; con carácter, decisión y tecnología».
Dos senadores. Dos diagnósticos. Un mismo enemigo.
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El cruce revela algo más profundo que una disputa técnica. Revela la fractura entre quienes creen que el Estado ya tiene las herramientas y no las usa, y quienes creen que el marco constitucional es el cuello de botella. Squella tiene razón en una cosa: el relato de que «ya tenemos las leyes» choca con una realidad que cualquier ciudadano ve en la calle. Las herramientas existen. Los resultados, no.
Pero la reforma constitucional también tiene su trampa. Dos procesos fallidos dejaron una lección cara. Meter seguridad en la Constitución puede convertir cada operativo en un litigio. El debate real no es buenismo contra dureza. Es eficacia contra simbolismo. Y en ese debate, el contribuyente chileno lleva años pagando la cuenta de ambos lados.
